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Las más de 8.000 víctimas de violencia política ocasionada por dictaduras militares entre 1964 y 1982 (“Plan Cóndor”) comenzaron a movilizarse y exigir al Parlamento y Gobierno revisar expedientes de personas excluidas del resarcimiento estatal desde 2004, y al Órgano Judicial cumplir con el Artículo 113 de la Constitución.
Un grupo de personas, muy mayores, entre ellas Constantino Lima de 85 años, se apostó ayer en puertas del Parlamento, para pedir se apruebe el Proyecto de Ley 221 y se revisen expedientes de víctimas que fueron mal calificadas o excluidas por las ex comisiones Conrevip y Comteca mismas que tuvieron muchas fallas.
“Hace 10 años que estamos en la Carpa de El Prado, hemos sufrido 3 atentados, en febrero 2013, febrero 2014 y octubre 2019; han muerto 48 compañeros por pedir justicia desde hace 50 años; cada día se nos mueren y los poderes públicos desoyen nuestro pedido”, señala un Comunicado de las víctimas entregado a la prensa.
“Nos apena que en Bolivia haya víctimas de primera y víctimas de segunda. Los sobrevivientes de las dictaduras militares estamos en estado de emergencia porque somos discriminados, revictimizados, y enfrentamos nueva violencia e impunidad”, señala el comunicado.
“Exigimos se cumpla el artículo 113 de la Constitución de juicios penales de repetición contra militares y paramilitares genocidas, desclasificación total de archivos militares, policiales y los del Ministerio de Gobierno como manda la Ley 879, así como revisar expedientes de víctimas: descalificados injustamente, desestimados o declarados improcedentes”, añade el documento.
A mediados de mayo, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados aprobó el Proyecto de Ley 221 de complementación de resarcimiento estatal para víctimas de dictaduras militares que completaría ese proceso solo para 1.714 víctimas, de un total de 8.686 que registra la Comisión de la Verdad que trabajó por mandato de la Ley 879 de diciembre 2016.
El resarcimiento estatal se basa en las leyes: 2640 del año 2004 y la Ley 238 de 2012.
Entre 1964 y 1982 más de media docena de dictaduras militares, con presidentes, co-presidentes o juntas Militares, generó violencia estatal sistemática, tanto que convirtió a cuarteles en “Prisión Política” como ocurrió con el “Regimiento Bolívar Viacha”, donde fueron detenidos más 700 presos políticos que eran manejados como “Stocks” por comandantes militares y sus subalternos.
Miles de víctimas fueron: detenidos ilegalmente, torturados, asesinados, confinados, exiliados, o desaparecidos. Y les quedaron traumas, personales, familiares y en sus entornos sociales, que fueron reclamadas a instancias internacionales como la CIDH el 24 de junio 2021.
//FUENTE: ANC//
