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Luego de más de un mes de protestas contra el gobierno de Dina Boluarte en Perú, el viernes se produjeron nuevos enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en varios sitios del país, que resultaron especialmente virulentos en la capital, Lima.
La nueva jornada de protestas en la nación andina se saldó con un fallecido y más de 50 heridos.
El ataque a una empresa minera provocó el cierre temporal de sus operaciones, en medio de una ola de disturbios contra el gobierno, la más violenta en dos décadas que ha puesto a prueba la democracia del país.
En Lima la policía utilizó gases lacrimógenos para repeler a cientos de manifestantes que arrojaban botellas de vidrio y piedras, mientras las calles de la ciudad ardían en llamas, según mostraron imágenes de la televisión local.
Y en la región sureña de Puno, unas 1.500 personas atacaron una comisaría, mientras que otro grupo incendió la dependencia policial de Zepita, dijo el ministro del Interior, Vicente Romero, en una declaración de prensa.
La oficina de Salud de Puno reportó la muerte de un hombre de 62 años por un “shock hipovolémico”, mientras que otros siete están hospitalizados, entre ellos un hombre con un “proyectil” en el abdomen; los demás presentan fracturas de brazos y piernas.
En su último reporte del viernes, la Defensoría del Pueblo de Perú informó que unas 58 personas habían resultado heridas en todo el país en las manifestaciones.
La protesta que comenzó a inicios de diciembre ha dejado hasta ahora 46 muertos en choques entre manifestantes y la policía; mientras que otras nueve personas fallecieron en accidentes vinculados al bloqueo de vías durante las protestas.
“Existe una acción debidamente planificada y concertada que obedece a intereses políticos, que pretende chantajear al gobierno de turno, con atentados a las comisarías, poderes del estado, activos críticos y propiedad privada”, dijo Romero.
Muchos de los inconformes llegaron a Lima desde zonas remotas, donde han muerto docenas de personas en medio de la agitación política en la que han quedado inmersas grandes porciones del país desde que Pedro Castillo, el primer gobernante surgido de una zona rural andina, fue destituido y encarcelado el mes pasado por haber intentado la disolución del Congreso.
“¡Renuncia de una vez, Dina! ¿Qué es lo que quieres de nuestro Perú?”, decía a AP José Luis Ayma Cuentas, de 29 años, que viajó unas 20 horas para llegar a la capital desde la región sureña de Puno, que ha sido escenario de la violencia estatal más cruenta en el último mes. “Nos quedaremos hasta que renuncie, hasta que cierre el Congreso, hasta que haya nuevas elecciones”.
Al menos seis regiones han sido declaradas en estado de emergencia, casi todas del sur del país, donde se ubican importantes yacimientos mineros, cortando algunos derechos civiles como el libre tránsito de personas.
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