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FABIÁN FREIRE
El pasado sábado 23 de marzo del presente año, se llevó a cabo el Censo Nacional de Población y Vivienda, fundamental para entender cómo se debe distribuir los recursos económicos en el país. El MAS, como ya es costumbre, buscó poner trabas a la realización del censo y de no ser por el paro cívico cruceño, la situación del censo no se habría resuelto aún, posiblemente se hubiera estancado como las elecciones judiciales.
Pese a todo y a una evidente falta de planificación y mala voluntad del Gobierno, el Censo se llevó a cabo. Sin embargo, si por algo se caracterizó este censo, fue por la desconfianza de la población boliviana. Muchos analistas, periodistas y “políticos” (si a la oposición así se le puede llamar) alertaron a la población y sugirieron responder con mucha cautela a las preguntas, o de plano no responder. La población se tomó en serio estas “recomendaciones” y estuvo alerta a la realización del Censo de Población y Vivienda. Muchos incluso no respondieron a ciertos apartados y tildaron al “Censo” como un aparato de “persecución política”.
En mi opinión, dar información correcta en el censo es importante para hacer un buen diagnóstico de la situación del país. Pero quién puede culpar a la gente de desconfiar del gobierno, es más, es algo que viene a ser sensato en tiempos del socialismo del Siglo XXI. La “paranoia” de la gente respecto a las acciones del MAS va creciendo de manera significativa desde el fraude electoral vivido en Bolivia en 2019. De igual forma, hay cada vez más dudas respecto a los últimos resultados electorales y la gente pide urgentemente un cambio del padrón electoral.
Nuestro deber como bolivianos es ver si los resultados del censo son coherentes o son serviles al MAS. Si es que por algún motivo resulta que la población en el campo ha aumentado, si los pueblos indígena originario campesinos cuentan con más integrantes, o Santa Cruz no ha experimentado un aumento de población significativo, se debe cuestionar los resultados del Censo. Sobre todo, debemos ver el caso de los resultados del campo, el cual está cada vez más abandonado por la mala situación del país y la falta de oportunidades de crecimiento. Seria curioso que el Censo apuntara resultados en donde el campo ha mostrado un aumento de población y una mejor calidad de vida.
Esta desconfianza en el proceso censal nos enseña dos cosas principalmente. La primera es que la gente ya no cree en las instituciones nacionales y menos aún en el masismo; la segunda, que esto será un problema para las próximas elecciones, las cuales serán ampliamente vigiladas por la población, aun más que las del 2019 (no olvidemos que este no fue el caso en el 2020 por la situación de pandemia que generó la realización de unas elecciones muy particulares).
Respecto al primer punto, estamos ante la presencia de un Estado fallido; si un Estado y sus respectivas instituciones no son capaces de trasmitir confianza a su población, claramente hay un gran problema. Filosóficamente, estamos ante el fracaso del “contrato social” de Hobbes, por ende, no se entendería la existencia del mismo Estado. Esta situación de las instituciones estatales está siendo llevada al límite, por lo cual tarde o temprano la situación pasará por una reforma de éstas o su “total refundación”. Soy partidario de la última, pues son necesarias nuevas instituciones públicas que sean realistas, que eliminen la burocracia y le traigan orden y confianza al boliviano. De igual forma, se necesita un Nuevo Estado, uno que logre la consolidación de la nación boliviana y no tenga el enfoque dañino del socialismo, esto pasa evidentemente por una nueva Constitución política del Estado.
Respecto al segundo punto, solo es oportuno decir que se viene un camino electoral largo y complejo para la nación y nuestro deber es evitar que se repitan las “maniobras” del 2019 y el 2020, debemos estar alertas.
Esperemos los resultados del Censo, que sean coherentes y no un instrumento a las órdenes del masismo.
