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Redacción VISOR21
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) pone en duda la realización de las elecciones judiciales porque el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) se pronunciará recién a fines de julio sobre la Acción de Amparo Constitucional que se presentó contra el proceso de preselección, porque este fue aprobado con una resolución y no con una ley.
No obstante, todos los vocales, tanto del TSE como los miembros de los nueve departamentos se reúnen en dos jornadas en un taller en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, para analizar cómo se podría realizar el proceso, tomando en cuenta los plazos mínimos que establece la Ley 026 de Régimen Electoral.
“No sabemos realmente, y hay que decirlo, si vamos a llegar a tiempo, si vamos a poder hacer las elecciones, si van a haber elecciones … cómo podemos asegurar, pero nuestra obligación es trabajar y preparar todo, partiendo del supuesto de que sí habrá elecciones”, dijo este jueves, el presidente del TSE, Oscar Hassenteufel, al iniciar el taller de dos días en la capital cruceña.
En tanto, la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) levantó los brazos y también decidió esperar a que el TCP emita el fallo sobre el Amparo Constitucional que impide la continuidad del proceso. Pero la mirada de algunos legisladores sobre este proceso a futuro es negativa ya que le dieron la “sentencia de muerte” a las judiciales.
No obstante, los vocales electorales con un mar de dudas encima aún realizan cálculos para ver si las elecciones judiciales se pueden realizar respetando los plazos establecidos en las normas.
“Nosotros como Órgano Electoral debemos cumplir la Constitución y la Ley y debemos preparar el proceso electoral como tal, pero estamos en una situación muy delicada porque no podemos avanzar en esa preparación, en esa programación, mientras el Tribunal Constitucional no emita su fallo respecto a aquella acción de inconstitucionalidad planteada por un diputado”, subrayó el presidente del TSE.
¿Cuál es el plazo mínimo que maneja el TSE?
Hassenteuffel dijo que en estos dos días de taller para ver ajustes a las tareas y fechas de las judiciales, se basarán en lo que dice el artículo 94 de la Ley 026 de Régimen Electoral que en su segunda parte dice: “Para la elección de autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional la convocatoria será emitida con una anticipación mínima de 90 días”.
La norma constitucional también subraya que “la convocatoria debe garantizar que la elección de nuevas autoridades y representantes se realice antes de la conclusión del mandato de las autoridades y representantes salientes”, es decir, antes del 1 de enero de 2024.
¿Por qué se frenó el proceso de preselección?
En abril de este año hubo dos momentos que suspendieron el registro de aspirantes a candidatos para las elecciones judiciales.
El primero fue el 12 de abril, cuando la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Beni, concedió la tutela a una Acción de Amparo Constitucional que presentó el abogado Miguel Ángel Balcázar Ruiz contra el reglamento de convocatoria. El jurista observó el numeral 16 del artículo 19 del reglamento que, a su juicio, coarta su derecho a la libertad de expresión.
El segundo momento fue el 27 de abril, cuando la Comisión de Admisión del TCP aceptó el recurso de Acción Abstracta de Inconstitucionalidad que presentó el 24 de abril el diputado de Creemos Leonardo Fabián Ayala, contra el segundo reglamento y convocatoria que lanzó el Legislativo el viernes 20 de abril. El accionante observa que la ALP aprobó las normas sólo con una resolución y no así con una ley como en las elecciones pasadas. Con esta acción, el TCP ordenó la “suspensión provisional” del registro de precandidatos al Órgano Judicial, suspensión que se mantiene después de tres meses.
