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El vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Francisco Vargas, sostuvo este martes que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) debe enviar hasta el 4 de septiembre las listas finales de los candidatos preseleccionados para que las elecciones judiciales se ejecuten el 3 de diciembre, que sería el último plazo.
“Viendo el escenario de una posible elección, (entre) la primera semana de diciembre o la última de noviembre, consideramos que debería ser entre el 4 y 5 de septiembre el plazo (fatal) para que se pueda hacer la presentación de las listas oficiales de candidatos preseleccionados por dos tercios de los miembros de la Asamblea al TSE”, declaró Vargas.
El vocal explicó que de acuerdo a los plazos previstos en la Ley 1531, que acorta los tiempos para la preselección y elección de candidatos al Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional, la fecha límite para ejecutar los comicios en el país es el 3 de diciembre. De lo contrario, el Órgano del Estado podría sufrir un vacío de poder.
“Entonces, la fecha límite para organizar y llevar adelante el proceso electoral, a criterio técnico del suscrito Vicepresidente, tendría que ser el 3 de diciembre; sin embargo, este tema va a ser analizado por la Sala plena del Tribunal Supremo Electoral”, informó.
Vargas expresó su preocupación porque, en su criterio, la ALP ya debería haber retomado ayer el proceso para la preselección de candidatos. Sin embargo, los legisladores aún esperan una respuesta del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) al recurso abastracto de inconstitucionalidad que interpuso el diputado de Creemos Fabián Ayala y que paralizó el proceso de las judiciales desde abril.
“Considerando este plazo (de 180 días), el día de ayer (lunes) ya debía haberse retomado o lanzado la convocatoria para el proceso de preselección; en ese sentido, cada día que pasa implica que estos 160 días vayan reduciéndose”, subrayó.
Uno de los efectos negativos de la reducción tiempos, según el presidente de la Comisión de constitución de la Cámara de Diputados, Juan José Jáuregui (MAS), es que no habrá mucho tiempo para que la población conozca los méritos de los candidatos antes de la jornada de votación, situación que podría hacer que el voto nulo y blanco incremente en más de 65% como ocurrió en 2017.
Al respecto, Vargas subrayó que el ciudadano tiene el derecho de votar en blanco o nulo, pero, según ley, existen 45 días para que la población conozca los méritos de los candidatos.
“No quiere decir que se empieza a realizar la difusión de méritos (de candidatos) en esos 45 días, se necesitaría tener una convocatoria y llevar adelante una serie de actividades previas de coordinación con los candidatos y procesos de contratación con los medios de comunicación”, subrayó.
La Ley 1513 establece 60 días para que la ALP realice el trabajo de preselección de candidatos para las elecciones judiciales y el TSE contará con 100 días para organizar y llevar adelante diferentes tareas hasta ejecutar la votación popular.
//FUENTE: ANF//
