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Un tribunal de El Salvador condenó el lunes a 14 años de prisión al expresidente Mauricio Funes por negociar una tregua con las pandillas para bajar la tasa de homicidios a cambio de beneficios para sus cabecillas en las cárceles.
En tanto, a su exministro de Seguridad, general David Munguía Payes, el tribunal le impuso una pena de 18 años.
Funes, de 64 años, se convirtió así en el segundo presidente salvadoreño condenado por violar la ley durante su mandato (2009-2014).
“Condénase por el delito de agrupaciones ilícitas a ocho años de cárcel y seis años de cárcel por el delito de incumplimiento de deberes”, indicó en su fallo el Tribunal Especializado de Sentencia de San Salvador.
Munguía Payes fue sentenciado a ocho años por agrupaciones ilícitas, a seis por el delito de incumplimiento de deberes y a otros cuatro años por actos arbitrarios.
¿Cómo inició la supuesta tregua entre gobierno y pandillas?
Funes fue el primer candidato de izquierda en ganar la silla presidencial salvadoreña tras dos décadas en que El Salvador, un país de 7 millones de habitantes, fue gobernado por el partido de derecha ARENA.
La tasa de homicidios, una vez Funes asumió la presidencia en 2009, era de 71 homicidios por cada 100.000 habitantes, pero tras la tregua, en 2012, esa tasa bajó a 40.
Las maras ya habían vivido los planes de seguridad “Mano Dura” y “Súper Mano Dura” en los gobiernos de derecha, pero estos dejaron únicamente detenciones masivas de pandilleros y la agrupación de una pandilla por penal, a cambio de evitar motines. Por lo que un proceso de pacificación entre ambas estructuras sería la estrategia “no gubernamental” que supondría menos violencia en el país centroamericano.
Fue así como el 8 de marzo de 2012, los ranfleros o fundadores de las principales pandillas, entre estas la Mara Salvatrucha y el Barrio 18, acordaron un alto al fuego y entregaron varias de sus armas, frente a representantes religiosos y representantes de la Organización de Estados Americanos (OEA). Asimismo, prometieron no ampliar sus territorios de operación ni agredir a agentes del Estado.
Pero, a cambio de reducir la violencia homicida, las pandillas pedían mejores condiciones carcelarias, que el Estado acabase con el acoso y la persecución de sus familiares y demás miembros, y que además se les procurase la reinserción.
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