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Una carta devela que el viceministro de Gestión y Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, comprometió asumir todas las acciones necesarias para “sanear” el bien inmueble de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), ubicada en la avenida 6 de Agosto, a favor de la dirigencia conducida por Edgar Salazar afín al gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS).
La carta del viceministro Torrico es del 12 de julio de 2022 en respuesta a la nota CITE:APDHB 026/22 del 7 de julio de 2022 en la que Salazar “solicitó la recuperación de las instalaciones de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), ubicada en la A. 6 de agosto”.
“Al respecto, debo informar de acuerdo a la reunión sostenida en fecha pasada, debo informar que se tomará las acciones necesarias para sanear el bien en cuestión, mismo están en patrocinio del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional”, dice la carta que habría enviado Torrico a Salazar.
La vicepresidenta de la APDH del departamento del Beni, Noelia Rea Suárez, denunció que esta carta es una clara evidencia de la injerencia del Gobierno por tomar a través de una dirigencia “apócrifa” la máxima entidad defensora de derechos humanos.
“Lamentamos el comportamiento del Gobierno, lamentablemente ante esta injerencia que está haciendo a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, tenemos en mano una carta del viceministro Coordinación, Gustavo Torrico, donde él responde a Edgar Salazar quien solicita la recuperación de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. No contento con querer apropiarse del departamento, ahora quieren apropiarse de todas las instalaciones de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y esta carta la manda el viceministro de Coordinación”, denunció la activista.
Los representantes de las asambleas permanentes de derechos humanos de los departamentos del país llegaron a La Paz para expresar su apoyo a Amparo Carvajal y presentar una carta a la Defensoría del Pueblo, específicamente a Pedro Callisaya, de denuncia sobre las amenazas, persecución y ahora allanamiento de la que es víctima la institución.
El 13 de agosto, Amparo Carvajal denunció que el Servicio Nacional de Impuestos (SIN) le había retirado como representante legal de la APDHB y en su lugar inscribió a Salazar quien aparece como titular de la asamblea.
El 15 de agosto, Salazar en una entrevista que tuvo con este medio aseguró que el próximo paso era tomar posesión de la instalación de la APDHB ubicada en avenida 6 de Agosto de la ciudad de La Paz, para ese tiempo Salazar ya tenía la respuesta del Gobierno que se comprometió a “asumir todas las acciones necesarias” para “sanear” lo solicitado, es decir, la recuperación del bien inmueble de la Av. 6 de agosto.
La vicepresidenta de la APDHB del Beni exhortó al Gobierno a recapacitar. “Somos una institución histórica con muchos años de historia, reconocidos a nivel nacional, tenemos el documento en mano. La injerencia qué está haciendo el Gobierno contra la Asamblea Permanente de Derecho Humanos es inadmisible”, señaló.
El 21 de septiembre, Carvajal denunció que Salazar tomó las instalaciones que se encuentran en el edificio de la calle Oruro, piso 3B de la ciudad de La Paz, y para que no pueda ingresar cambiaron la chapa. En ese entonces ni la Policía ni la Fiscalía se apersonaron por la denuncia que realizó.
Los dirigentes de las departamentales de la APDHB desconocieron a la dirigencia “apócrifa” de Salazar y exigieron al Gobierno que cese en el intento de tomar y controlar la organización defensora de los derechos humanos.
//FUENTE: ANF//
