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CARLOS LEDEZMA
La novedad del feminismo imperante, no puede hallarse en la igualdad legal, que de un tiempo a esta parte es ampliamente ventajosa para el género femenino, solamente la insensatez instintiva podría negar tal situación. Un aspecto fantasioso, insiste en conservar una hegemonía empeñada en mostrar a las mujeres en condición de superioridad, misma que domina los escaparates de la sociedad y provoca un sensacionalismo morboso que es monetizado por la prensa amarillista y deshumanizante.
El vuelco de timón en los principios reivindicativos de los grupos feministas, se produjo a partir de la fusión con los criterios socialistas y de la causa obrera, aplicándola de forma directa en el núcleo de la sociedad (la familia), pasando de una “lucha de clases”, a una encarnizada lucha de sexos. La emulación de conductas viriles, rompieron el clima social de frivolidad pacifista, expandiéndose por Europa durante la década de los años veinte del siglo pasado, con un matiz andrógino en la moda y los fundamentos críticos.
Las actuales sociedades civiles son feministas en la distribución del poder secundario y se amplifican al sostener una idea de cultura dominante, promovida por los grupos de poder que ven en esta práctica un capital sufragista dispuesto a dejarse manipular a cambio de privilegios que les permitan seguir fracturando a las familias, generando un ambiente de caos y desestructuración, al que no le interesa conocer las consecuencias que dejarán para el futuro.
Así es como se crean los infiernos, padres e hijos separados forzosamente, por quienes desconocen completamente los fundamentos filosóficos, históricos y religiosos que buscan preservar la integridad de la familia por el bien de la sociedad y de cada uno de sus miembros.
El 29 de marzo de 2023, Samuel Marcos Sevilla, acaparaba los titulares de la prensa española, debido a que la guardia civil acababa de liberarlo durante aquella madrugada, de una finca en la ciudad de Cuenca (España), donde su propia madre lo mantenía secuestrado. Cuando se produjo la liberación, él tenía 11 años de edad, había dejado de asistir al colegio por casi tres años y se movía de una ciudad a otra sólo con el propósito de no dejar al niño ver a su padre.
La madre, María Sevilla, se había separado del padre cuando el niño tenía apenas 3 años de edad. Comenzaba a partir de entonces una guerra sin cuartel, que incluía denuncias falsas de acoso, abuso sexual y violencia, que jamás pudieron ser probadas. La justicia descartó finalmente por completo las denuncias de la madre, poniendo especial atención en las conductas y actividades que aquella mujer desarrollaba, por lo que el fallo judicialmente salió favorable al padre del menor, otorgándole la patria potestad.
En la víspera en que debía entregar el niño a su padre, sin consentimiento alguno, burlando las resoluciones judiciales y lo peor, forzando a su propio hijo a comenzar una vida de peregrinaje constante, exponiéndolo a peligros, apartándolo de la escuela, al grado de mantenerlo encerrado con las cortinas cerradas sin permitirle siquiera ver la luz del sol, con la complicidad de su nueva pareja a quién había convencido con sus mentiras y con quién había procreado otra pequeña.
Un secuestro en toda regla, desafiando leyes y los tribunales españoles, con el único propósito de convertir la vida de su ex pareja en una pesadilla. La “violencia vicaria” también se aplica en padres (varones), que no sólo deben enfrentar el dolor y la angustia de no ver a sus hijos, no poder abrazarlos, perdiéndose celebraciones importantes y debiendo vivir verdaderos calvarios judiciales.
María Sevilla, fue condenada a dos años y cuatro meses de cárcel por el delito de sustracción de menores. Además, el juzgado de los Penal de Madrid le ha ordenado el pago de 5.000 euros al padre del menor por daños morales. La sentencia consideró probadas las evidencias de incumplimiento de la resolución judicial que en 2017 le retiraba la custodia de su hijo menor de edad y se la entregaba al padre, considerando el uso de algunas maniobras dilatorias y a falta de dos días para que se cumpla el plazo, “no entregó al menor a su padre, manteniendo oculto su paradero, tanto a él, como al propio Juzgado, lo que consiguió mudando de residencia y la del menor por diferentes puntos de España”, según lo que señala el juez.
En la vista oral, la Fiscalía de España, indicó que podría revisar los documentos presentados por María Sevilla, y valorar la posibilidad de denunciarla por un delito de falsedad documental o estafa procesal.
En Bolivia, al igual que ocurre en muchos otros países, la justicia constituye un verdadero calvario para sus habitantes. Leyes inconstitucionales –a todas luces–, que en propias palabras de sus autoridades son consideradas “Anti-hombres”, se utilizan simplemente para que los encargados de su cumplimiento extorsionen a quienes, (en muchos casos) sin culpa alguna, se les priva de la posibilidad de asumir defensa, manifestar libremente sus argumentos, bajo la amenaza de ser imputados y encarcelados tan sólo por una denuncia.
Los infiernos se construyen de esta manera, cuando la mala fe de las personas, sin pensar en el interés de la familia y fundamentalmente de sus hijos, ejecutan acciones de las que no miden sus consecuencias y forzando a padres e hijos a sufrir una “violencia vicaria” caprichosa e inhumana, arrebatando la dignidad de los hombres y condenando a los menores a experimentar vicisitudes jamás antes vividas.
