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El marca mallku de Hampaturi, Ramiro Choque, presentó el miércoles una denuncia ante la Fiscalía por el intento de soborno que, afirma, trató de cometer el interventor de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas), Bladimir Iraizos. Reveló que quien le entregó los 20.000 bolivianos es el jefe del departamento legal de Epsas, Raúl Rivas.
“Quiero invitar públicamente al interventor (Iraizos) que venga con su abogado, Raúl Eimar Rivas Camacho. Que vengan, quiero entregarles su dinero, con este dinero quiso dividir al Ayllu de Hampaturi (…) Aquí les presento el dinero con el que el abogado Rivas me quiso sobornar y decir que Hampaturi sigue esperando la destitución del interventor”, afirmó Choque en una conferencia de prensa.
Las declaraciones se dieron minutos antes de presentar la denuncia en la Fiscalía, cuando mostró los fajos de billetes que iba a entregar como prueba del delito. Acompañado de su abogado, Marco Ramos, y varias autoridades originarias de Hampaturi, Choque presentó la querella por cohecho activo contra Iraizos y Rivas.
Página Siete llamó varias veces al jefe del departamento legal de Epsas para conocer su versión. Éste contestó dos llamados, pero luego de escuchar el tema de las consultas cortó la comunicación. Luego su celular fue atendido por una mujer que dijo que el abogado estaba en una reunión y se negó a escuchar las consultas que se tenía para el jurista.
Este medio también escribió mensajes de textos con las consultas a Rivas, pero no respondió.
Según el mallku, el 17 de abril vecinos de las ocho comunidades que componen en el ayllu de Hampaturi iniciaron marchas de protesta y pedidos de destitución del interventor, porque incumplió los compromisos de dotación de agua para las familias de la zonas, su ganado y cultivos. Por dos días, las protestas se concentraron en puertas de Epsas, en la zona Villa Fátima.
Durante ese tiempo, Choque recibió varias llamadas y mensajes del director del área legal de Epsas, Raúl Rivas, quien pedía reunirse en privado con la autoridad originaria. A fin de lograr una solución a las demandas de su sector, el 20 de abril, a las 9:00, en la plaza del Maestro, a una cuadra de Epsas, Choque y su esposa se reunieron con Rivas.
“Me hizo abordar un vehículo color verde tipo vagoneta, en el que me entregó la suma de 20.000 bolivianos, mencionándome que era de parte del interventor de Epsas, Gonzalo Bladimir Iraizos Escobar, a efectos de que mi persona como autoridad originaria campesina del ayllu Hampaturi y en mi condición de marka mallku ‘calme’ a los comunarios. Asimismo, me indicó que me enviaría una carta modelo para dirigirme al ministro Juan Santos Cruz, para suspender el ampliado de fecha 23 de abril”, señala parte del documento al que Página Siete tuvo acceso.
Para probar su versión, el mallku adjuntó un CD con las capturas de pantalla de los mensajes y llamadas de Whatsapp que de forma insistente le hizo Rivas. En dichas capturas, figura el borrador de una carta que Rivas pedía que los comunarios de Hampaturi firmen y entreguen al ministro Santos, para suspender la reunión que se debía dar el domingo 23 de abril.
“Sobre todo, insistió de manera reiterada una y otra vez que no se pida la destitución del interventor de Epsas, advirtiéndome lo siguiente: ‘vas a ayudar porque somos el Gobierno’ y se marchó apresuradamente”, menciona en el documento.
En su denuncia, el mallku pide a la Fiscalía que se realice pericias informáticas a su celular y al de Rivas.
“Ante la pasividad y omisión por parte del señor Juan Santos Cruz, de no tomar decisiones oportunas como denunciar tal cual lo establece el artículo 14 de la Ley 004 (de Lucha contra la corrupción) en su condición de máxima autoridad ejecutiva (MAE), el artículo 286 del Código de Procedimiento Penal, y ante el abuso de poder del cual soy victima por parte de este señor Gonzalo Bladimir Iraizos Escobar, me veo en la necesidad de presentar la denuncia”, concluye la denuncia.
Este es el segundo proceso penal abierto contra Iraizos, por este intento de soborno. El primero, fue presentado precisamente por instrucción del ministro Santos, por medio de la directora de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS), Karina Ordoñez. Las autoridades recomiendan el procesamiento por uso indebido de influencias y cohecho activo.
Iraízos está suspendido por 10 días, mientras se investigan las denuncias en su contra. Luego de ese tiempo, la AAPS evaluará su reincorporación o alejamiento del cargo.
//FUENTE: PÁGINA SIETE//
