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La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su preocupación y alerta sobre una campaña de asfixia económica y presión política denunciada por Editorial Canelas S.A., casa matriz del diario Los Tiempos de Cochabamba.
La SIP tomó conocimiento sobre las desproporcionadas y periódicas auditorías fiscales y administrativas contra el medio y sobre la hostilidad de un empresario allegado al gobierno y al partido oficial del Movimiento al Socialismo (MAS) que ejerce presiones contra los accionistas de Los Tiempos para quedarse con la compañía a un precio irrisorio, los directorios del medio denunciaron que el Sistema de Impuestos Nacionales (SIN) y la Autoridad de Fiscalización de Empresas condujeron auditorias abusivas atribuyéndole deudas multimillonarias, según el comunicado.
La SIP registró que el modus operandi del gobierno actual de Luis Arce difiere de la censura directa que en su época imponía el expresidente Evo Morales. Los ataques ahora son indirectos y generalizados contra los medios independientes y críticos.
La campaña de asfixia gubernamental se inició años atrás con una manifiesta discriminación en el otorgamiento de publicidad oficial y recientemente sumo presiones a inversores privados para desalentar la compra de inmuebles que Los Tiempos puso a la venta para sortear la crisis económica.
En este marco el presidente de la SIP, Jorge Canahuati del grupo Opsa de Honduras expreso “Nos alarma que el gobierno busque quedarse con medios o que se los dé a sus allegados con el fin de transformarlos en vehículos de propaganda”. En el mismo sentido el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, Carlos Jornet dijo “Hemos visto procesos de cuasi confiscación de medios por parte de gobiernos de otros países y lamentablemente comprobamos que se trata de una fórmula perversa para aniquilar la democracia”.
Canahuati y Jornet consideraron que el acoso fiscal e incluso judicial contravienen principios de documentos internacionales entre ellos: la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Declaración de Chapultepec.
En la parte final del comunicado señala que la SIP se mantendrá alerta y no se descarta elevar el tema a organismos multilaterales y enviar una delegación a Bolivia.
No es el único caso que sufre asfixia y presión política del gobierno. Los medios de comunicación en la actualidad señalados como opositores no reciben publicidad estatal y si lo hacen reciben montos mínimos. En el pasado fueron identificados como parte de un “cártel de la mentira” en ese grupo se encontraban la Agencia de Noticias Fides, Página Siete, El Deber, Los Tiempos y Erbol.
ANP EXPRESA SOLIDARIDAD CON LOS TIEMPOS
A su turno, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) expresó su preocupación por la asfixia económica contra el matutino cochabambino, que son de conocimiento de la SIP.
Las denuncias que realiza el medio asociado se inscriben en la línea de las historias de permanente acoso estatal que la ANP publica, desde el año 2010, y que generan un estado de debilidad financiera en las empresas periodísticas independientes, señaló la Asociación Nacional de Prensa.
Por esas consideraciones, la organización rechaza toda forma de presión o coacción al funcionamiento de las empresas periodísticas que tengan por finalidad silenciar la palabra independiente.
La exclusión de la pauta publicitaria estatal, sumada a la permanente persecución tributaria y de entidades recaudadoras de la seguridad social a los diarios independientes, representa una vulneración a la libertad de pensamiento y de expresión que se halla comprendida en la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969.
//FUENTE: ANF / AGENCIAS//
