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La impunidad judicial en los casos de agresiones a periodistas y las restricciones para la cobertura informativa en temas de interés público son temas de preocupación en Bolivia, señaló la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en su informe preliminar de medio año publicado este martes.
“La impunidad en casos de agresión contra periodistas permanece como el tema pendiente de solución”, establece la SIP en su reporte.
Uno de los casos más sensibles fue el “secuestro y tortura” en octubre del año pasado de seis periodistas, por al menos siete horas, durante la cobertura de un avasallamiento de tierras en el departamento oriental de Santa Cruz. En ese hecho también resultaron afectados policías y trabajadores de predios agrícolas.
La SIP manifiesta su preocupación porque “la Fiscalía y la justicia soslayen el tratamiento de casos alarmantes” como el de Santa Cruz, en el que “unos 80 encapuchados” propinaron “una golpiza y la destrucción de equipos de grabación de video con disparos de armas largas”.
El informe preliminar, que debe ser aprobado en la Asamblea, establece que la investigación “permanece inconclusa” a pesar de que existen ya dos detenidos y cuestiona que el Gobierno boliviano haya calificado el hecho como un “simple incidente” a pesar de que los afectados aseveraron “que su vida estuvo en riesgo”.
Este hecho fue condenado por gremios periodísticos y varios reporteros realizaron marchas para exigir a las autoridades garantías para desempeñar su labor, al tiempo que hubo también algunas denuncias de la presunta afinidad entre los agresores y afines al oficialismo.
En su informe preliminar la SIP también advierte sobre lo sucedido el pasado 4 de abril, cuando las autoridades judiciales “restringieron la cobertura de la prensa independiente” al juicio contra la expresidenta interina del país Jeanine Áñez que “fueron expulsados de la audiencia virtual”.
Los responsables de la cita judicial arguyeron que esa situación se presentó ante la falta de una supuesta acreditación de los medios ante ese juzgado, pese a que las normas nacionales establecen que las audiencias son públicas en tanto no se haya declarado una reserva.
La SIP también hace mención a la agresión y detención no justificada por parte de la Policía del periodista Carlos Quisbert, del periódico Página Siete de La Paz, cuando realizaba una cobertura de las manifestaciones de un grupo de productores de hojas de coca opositores a la Administración del presidente Luis Arce.
//FUENTE: PÁGINA SIETE//
