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Redacción VISOR21
La sede de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) quedará eximida de impuestos municipales, luego de la nota que envió el Servicio Nacional de Patrimonio del Estado (Senape) para evitar el embargo del inmueble ubicado en la avenida 6 de Agosto de La Paz.
Con esta decisión, el Senape, una entidad desconcentrada del Ministerio de Economía toma el control de esa propiedad bajo el criterio de que se trata de un bien patrimonial y del Estado.
El alcalde de La Paz, Iván Arias, quien había anunciado el embargo del inmueble por una deuda tributaria de hace 11 años, equivalente a Bs 719 mil, hoy confirmó la nota del Senape que la exención del pago de impuestos a favor de la APDHB.
“Con esta solicitud la ATM (Administradora Tributaria Municipal) analiza, y por supuesto va a poner que no se tiene ya la deuda, porque corresponde, es decir, ya tenemos un documento de respaldo”, dijo Arias.
El viernes, la directora de la ATM, Noemí Lastra, informaba sobre la situación del inmueble que se encuentra en disputa por el grupo que representa a Amparo Carvajal y el otro que avasalló esos predios durante 52 días, encabezado por Edgar Salazar.
En aplicación de normas del Código Tributario y del Código de Procedimiento Civil, la Alcaldía de La Paz tiene la potestad de realizar el embargo del predio y nombrar un custodio de esta propiedad hasta que se regularice el pago y el derecho propietario del mismo, decía Lastra.
El Senape envió la nota señalada por el alcalde Arias con el fin de que se libere del pago del impuesto a este inmueble, el cual fue cedido en calidad de comodato a la APDHB el año 2002, por medio de una ley promulgada por el entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Dado que este edificio es patrimonial y cumple una función social de servicio público, la Alcaldía cederá al pedido realizado.
“Mientras un bien inmueble no esté registrado como donación o no esté registrado con un dueño, nosotros tenemos como obligación ver si debe o no de impuestos y ese inmueble nosotros le avisamos a la señora Amparo de que ese inmueble primero no está registrado a nombre de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos hasta ahora, y eso que se lo han transferido el año 2002; segundo que no hicieron el trámite de exención de impuestos y si no hicieron ese trámite nosotros automáticamente tenemos que cobrar ese impuesto y eso pasa por un embargo”, explicó Arias.
Carvajal tenía conocimiento de la situación del inmueble, la deuda y el trámite pendiente de propiedad.
La octogenaria activista logró que los avasalladores salieran de la sede, pero ahora se niega a dialogar con el cabecilla y afín al partido oficialista, Salazar, sobre la Presidencia de la APDHB. Carvajal argumenta que fue elegida hasta 2025.
“No dialogaré con Edgar Salazar porque es un avasallador. Yo le gané por un voto en las elecciones de 2017. Luego, en 2019 él me desconoció, se hizo apoyar con la COB y otros sectores sociales masistas, para hacerse elegir. En marzo de este año yo fui ratificada hasta 2025, y eso no se negocia. Aunque digan que soy vieja, que no tengo la capacidad, soy la presidenta y lo haré respetar”, declaró esta jornada.
El notario de fe pública Rodrigo Calcina informó a El Deber, que el actuado notarial en las oficinas de la APDHB había concluido ayer sin inconvenientes y ahora toca elaborar el acta notarial que servirá de base para los pasos que vienen. “No ha habido ninguna observación de las partes”, concluyó.
