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El senador evista Leonardo Loza ratificó que extorsionar, incautar o quemar propiedad privada no está amparado por la Justicia Comunitaria ni las Seis Federaciones del Trópico, sin embargo afirmó que será la misma justicia sindical objetada que definirá si el corregidor de la subcentral San Francisco, acusado de secuestro, tortura y abuso, es entregado o no a la justicia ordinaria.
Cuestionado este martes durante una conferencia de prensa en la Brigada Parlamentaria de Cochabamba, el legislador de línea evista repudió el uso de cargos sindicales para delinquir y cometer abusos, aunque ratificó que el destino de Wilfredo Lazarte Marquina, el corregidor de la subcentral de origen de Evo Morales acusado de secuestro y abuso sexual, será definido por las autoridades comunales.
“La Justicia Indígena Originario Campesina no es para extorsionar, no es para generar violencia. No importa qué título nos pongan o qué nombre de cargo nos coloquen, en la amplitud de JIOC no hay esa situación de quitar casas, ni quemar casas, ni extorsionar.”, manifestó Loza.
“Eso es una justicia colonial; ni siquiera es justicia, es un abuso que viene de hace mucho tiempo, seguramente no solo en el trópico, si esto es verdad, pero nosotros tenemos este fin de semana nuestra evaluación anual, vamos a debatir y analizar y claramente vamos a expresar que ese tipo de actitudes no son parte de las Seis Federaciones del Trópico”, agregó.
Sin embargo, consultado sobre si el corregidor Lazarte sería entregado a las autoridades, el senador cocalero se apresuró a replicar que serían su subcentral y su federación quienes asumirán qué consecuencias debe enfrentar la autoridad sindical sobre la que pesa una denuncia por Privación de Libertad, Abuso Sexual, Lesiones Graves y Robo Agravado.
“Ahí tiene su sindicato seguramente, su distrito, su central, su municipio y su federación y en base a eso nosotros que evidentemente vamos a tomar las acciones que correspondan porque el campo no es nuestra atribución ni es nuestra tarea de involucrar a ese tipo de aspectos y somos autoridades en este caso originarias”, señaló.
Consultada al respecto, la Directora de Género del Gobierno Municipal de Cochabamba opinó que es un contrasentido que se repudie que delitos traten de ser encubiertos y mantenidos impunes bajo el criterio de la justicia comunitaria y que al mismo tiempo se remita al mismo sistema viciado de justicia sindical la decisión de deliberar si hubo un delito o no, cuando esa es atribución de la justicia ordinaria.
“Seguimos en lo mismo: La JIOC no ampara delitos pero le entregan a esa JIOC a los delincuentes para que decida qué hacer con ellos. Hay una autoridad denunciada por delitos, entonces lo que corresponde es que se entregue a esa persona a la jurisdicción que corresponde, a la Justicia Ordinaria. ¿qué va a decidir pues una central, una federación de cocaleros si el mismo Loza dice que ellos no pueden conocer o fallar sobre esos delitos?”, dijo.
//FUENTE: AGENCIAS//
