- Redacción VISOR21
El caso de la secta de hindúes que llegó al país bajo el nombre de los Estados Unidos de Kailasa, para arrendar territorios indígenas en Beni, Pando y Santa Cruz, abrió mayores sospechas sobre el tráfico de tierras originarias, incluso apuntando hacia los primeros mandatarios de Bolivia.
Desde la Dirección de Migración se informó que una veintena de esas personas que habían ingresado al país entre 2024 y 2025, fueron expulsadas por incumplir el objeto declarado de turismo, pues se evidenció que se instalaron como colonia en territorios de las comunidades Baure, Cayubaba y Esse Ejja.
Pero el caso es más complejo, pues esta nación ficticia, que ya pasó por similares problemas en Paraguay y Ecuador, lograron firmar acuerdos con los dirigentes de esas subcentrales indígenas a título de “arrendamiento perpetuo”. Esa figura llamó la atención de los pobladores y fue parte de un reportaje de prensa que solo salió a la luz luego que uno de esos dirigentes amenazara a la periodista que publicó la investigación en el diario cruceño El Deber.
Esta jornada, el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores, instruyó investigar el caso junto al Ministerio de Gobierno, la Fiscalía y el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).
«Este tipo de contratos o convenios que se hacen de manera oculta, son nulos de pleno derecho (…). Hemos instruido al Viceministerio de Tierras y al INRA que tome acciones inmediatas y se convierta en una tercera parte para sancionar este caso, investigar y sancionar este tipo de delitos que se han cometido”, dijo Flores a medios estatales.
El diario Correo del Sur recuerda que los artículos 394 y 396 de la Constitución Política del Estado (CPE) establecen que “los extranjeros no pueden adquirir tierras del Estado bajo ningún título”; en tanto, “el Estado reconoce, protege y garantiza la propiedad comunitaria o colectiva. Esto incluye a las comunidades campesinas, interculturales originarias y al territorio indígena originario campesino”.
Además, según la Ley 1715, los territorios indígenas y propiedades comunitarias son intransferibles. De acuerdo con el Decreto Supremo 29215 no se reconocen contratos de arrendamientos y tierras comunitarias. Y la Ley 477 establece que el tráfico de tierras es delito sancionado con privación de 3 a 8 años.
La Cancillería también se manifestó sobre el caso y aclaró que el Estado Plurinacional de Bolivia no mantiene relaciones diplomáticas con los denominados Estados Unidos de Kailasa.
Pese a esas afirmaciones, las dudas sobre la transparencia del Gobierno surgen porque el presidente Luis Arce fue visto recibiendo regalos de una emisaria de Kailasa durante un acto de entrega de títulos agrarios en Santa Cruz; además, el nombre del vicepresidente David Choquehuanca sale a flote por su pasado en Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) que trabajan en el ámbito ambiental, hoy dentro del contexto de los bonos de carbono.
“No basta que Cancillería niegue tener relaciones diplomáticas, la imagen del primer mandatario de Bolivia está comprometida no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, Luis Arce Catacora estuvo compartiendo en eventos públicos con estas personas y algunos ministros en la entrega de títulos agrarios”, expresó la diputada María René Álvarez, a raves de sus redes sociales.
Sobre el vicepresidente, la diputada remarcó que el nombre del “Jilata” o “Gurú” Choquehuanca, “salta más de una vez en lo que se sospecha sería uno de los objetivos de esta secta en el mercado de bonos verdes”.
Para el dirigente takana de la Cidob, Adolfo Chávez, Choquehuanca tiene una ONG propia “que podría ser la vocera en la venta del carbono, asociado con otra organización extranjera (Leaf Coalition), para que ellos puedan ser los voceros oficiales”.
Durante estos meses, dirigentes indígenas, concejales, incluso diputados fueron vistos con los emisarios de Kailasa en actos formales en Beni, Pando y Santa Cruz.
El caso será investigado desde el Legislativo, concluyó la diputada cruceña.
