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El camarógrafo y editor de noticias boliviano Sebastián Méndez Sevilla, del noticiero en Facebook “Noticias Villanas”, lleva más de 48 horas entre rejas acusado de robo agravado y asociación delictuosa, tras ser detenido por la Policía, que además intentó incriminarlo implantando un explosivo de fabricación casera para justificar su arresto.
El hecho ocurrió el 11 de noviembre, durante el vigésimo primer día de paro cívico en el departamento boliviano de Santa Cruz, que demanda la aplicación de resultados de un censo nacional antes de los comicios generales de 2025.
La Unidad de Monitoreo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) que representa a los principales medios impresos de Bolivia, verificó que Méndez se desempeña como camarógrafo de noticias del sitio informativo, y que en esa condición fue agredido, despojado de su teléfono móvil y luego detenido por policías antimotines.
Los medios de prensa y redes sociales difundieron imágenes del momento en el que Méndez Sevilla, junto a otra persona sin identificar, fueron interceptados por policías en la calle René Moreno, a tres cuadras de la plaza principal de Santa Cruz.
En el video se observa a un uniformado que traslada botellas con material explosivo casero (bombas Molotov) desde otro sector y las coloca en el piso junto a los dos detenidos, en tanto que otro policía exigía a los camarógrafos de prensa que filmen la escena armada para justificar la detención.
En el audio se escucha a un camarógrafo afirmar en voz alta que “eso (explosivos) no lo tenían ellos”, lo que enfurece al jefe del grupo policial.
La implantación de pruebas falsas está comprendida en el artículo 167 del Código Penal bajo la tipificación de “Simulación de delito”.
“El que a sabiendas denunciare o hiciere creer a una autoridad haberse cometido un delito de acción pública inexistente, que diere lugar a la instrucción de un proceso para verificarlo, será sancionado con prestación de trabajo de tres meses a un año”, señala el texto de la norma referida.
“Se vulnera el principio de legalidad al no adecuarse el tipo penal a la conducta del imputado”, alertó la asesora legal de la ANP, Mabel Antezana.
El responsable de “Noticias Villanas”, Mario Cuéllar Subirana, dijo a la Unidad de Monitoreo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) “que se trata de un atropello a un trabajador de la prensa porque Sebastián Méndez trabaja con nosotros desde mayo del año pasado” en “Noticias Villanas”, medio de comunicación de la Villa 1º de Mayo, una populosa zona que incluye 42 unidades vecinales y una población estimada de 200.000 habitantes.
Entretanto, Yoselin Borda Sevilla, hermana del camarógrafo y editor, declaró a la Unidad de Monitoreo de la ANP que la detención fue injusta y la atribuyó a una confusión debido a que Sebastián Méndez se encontraba sin documentos ni el celular con el que grababa informes de prensa, porque fue asaltado durante los choques entre manifestantes a favor y en contra del paro cívico que motivaron la intervención policial.
“La audiencia estaba fijada para las 48 horas siguientes, pero ha sido postergada para el 14 de noviembre”, indicó.
El editor y camarógrafo es uno de los 17 aprehendidos durante la jornada del 11 de noviembre y Juan Carlos Vaca, uno de los abogados defensores, denunció en conferencia de prensa que la Policía hizo uso excesivo de la fuerza e incluso aplicó torturas en contra de los detenidos.
Durante el desfile identificatorio de los acusados, en el caso de Méndez Sevilla no se ratificó el cargo de supuesta tenencia de explosivos y se cambió la causa a “robo agravado y asociación delictuosa”.
Según el análisis de la abogada Antezana, el robo agravado no se adecua porque no existe un arma, el ejercicio de violencia y la actuación de varias personas. En cuanto al cargo de asociación delictuosa, no existe una prueba que comprometa a Méndez Sevilla en una actuación junto a varias persona para cometer el delito.
Este domingo 13 de noviembre, durante un cabildo realizado en la ciudad amazónica de Santa Cruz de la Sierra, los impulsores del paro cívico mantuvieron la exigencia de que los resultados del censo sean entregados a tiempo al Tribunal Electoral para renovar el padrón electoral antes de los comicios generales de 2025 y otorgaron un plazo de 72 horas para la liberación de los detenidos durante las protestas que ingresaron al día 24.
//FUENTE: ANP – UNIDAD DE MONITOREO//
