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El nuevo gobierno laborista del Reino Unido anunció la pasada semana que retirará la objeción de ese país para que la Corte Penal Internacional (CPI) emita órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, por la figura de crímenes de guerra en la Franja de Gaza. Esta decisión pondrá a prueba la independencia de esa institución que cuenta con serias observaciones en su accionar por países como Rusia y otros.
La información fue proporcionada el pasado viernes por la vocería del gobierno laborista de Keir Starmer y significan un punto en contra de Tel Aviv que calificó el anuncio como una acción “contraria a la justicia y a la verdad y viola el derecho de todas las democracias a luchar contra el terrorismo”.
El pasado mes de mayo, el fiscal de la CPI, Karim Khan, solicitó órdenes de detención contra Netanyahu y el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, a quienes considera “responsables de los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en el territorio de Israel y del Estado de Palestina”, según reportó el portal RT.
Como respuesta inmediata, desde Estados Unidos, la Cámara de Representantes aprobó una ley destinada a sancionar a la CPI por esa decisión, aunque tanto republicanos como demócratas dentro de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara Baja reconocieron que “es poco probable que el proyecto se convierta en ley” y dejaron la puerta abierta a nuevas negociaciones con la Casa Blanca.
La labor de la CPI es cuestionada por su forma de medir el espectro mundial con decisiones que son consideradas parcializadas y con prejuicio ideológico lo que desacredita la idea misma de justicia internacional, según analistas.
Un ejemplo es la postura de Rusia sobre la CPI y el Estatuto de Roma, instrumento internacional al que Moscú no ratificó su adhesión y retiró su firma en 2016.
En junio, la CPI emitió órdenes contra el exministro de Defensa ruso, Serguéi Shoygu, y el jefe del Estado Mayor de la Defensa de Rusia, el general de Ejército Valeri Gerasimov. Ambos casos fueron rechazados desde Moscú que calificó, desde su Consejo de Seguridad, como “insignificante” aquella decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI.
Asimismo, señala que la orden de la CPI es nula, ya que Rusia no reconoce la jurisdicción del tribunal. Según la nota, la CPI tomó esta medida “como parte de la guerra híbrida de Occidente contra” ese país.
La jurisdicción de la Corte Penal Internacional no es reconocida por países donde vive más de la mitad de la población mundial: Rusia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Egipto, la India, Indonesia, Irán, Kazajistán, China, Arabia Saudita, Estados Unidos, Turquía, entre otros, según redacción del portal Sputnik.
Según el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, “la CPI no ha estado a la altura de las expectativas y no ha logrado convertirse en un organismo de justicia internacional verdaderamente independiente”.
Ya el año pasado, Rusia cuestionaba el alcance de la CPI, sobre todo durante los últimos años y en el contexto del conflicto bélico con Ucrania.
El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, según la Agencia Anadolu, sostuvo que durante muchos años, ningún organismo judicial internacional o miembro de la comunidad internacional “se ha molestado en prestar atención a la destrucción de la infraestructura civil y los asesinatos de civiles cometidos” por el Ejército ucraniano en la región de Donbás.
La CPI toma medidas contra individuos que han cometido alguno de los crímenes dentro de su competencia: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión contra la soberanía de un Estado. La Corte, establecida en 2002 y de la que hacen parte 122 países, inicia un proceso cuando un Estado no puede o no quiere judicializar a los criminales; por tal razón es considerado como un “tribunal de último recurso”.
- //FUENTE: AGENCIAS//
