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“Me golpearon en la boca del estómago, me dieron puñetes en la cabeza, en el cuerpo, me agarraron del cabello, me trataron como si fuera un saco de entrenamiento”, cuenta Raúl todavía afectado por la tortura y extorsión sufrida en la cárcel de San Pedro de La Paz, donde los internos actúan como jueces morales contra aquellos que llegan por incumplir la asistencia familiar. Pero detrás de esta postura moralista se esconde un grupo muy bien estructurado conformado por delegados de los internos y disciplinas (internos encargados de la seguridad) que con la venia de las autoridades penitenciarias actúa como organización criminal y subsiste pese a las constantes denuncias.
El incumplimiento de la pensión alimenticia es utilizado por los delegados y policías de las cárceles como una oportunidad más, entre tantos delitos, para conseguir ingresos: hacer dinero fácil con extorsión y tortura, en la que incluso se utilizan cuentas bancarias y de Tigo Money para los depósitos. La última está a nombre de la esposa de un interno, Alejandra S. Q., quien todos los días va al penal llevando el dinero. Las denuncias han llegado a la Dirección de Régimen Penitenciario, sin embargo, no hay respuesta y los casos extorsivos continúan y afectan no solo al deudor de la pensión económica, sino a toda su familia que debe conseguir el dinero para evitar la tortura.
De acuerdo con denuncias de los internos, el dinero va más allá del penal, a niveles superiores de la autoridad policial y penitenciaria. Si bien el argumento es que el cobro es para el mantenimiento del penal ante el abandono del Estado, la suma de los montos supera cualquier necesidad a cubrir en el recinto carcelario.
Un seguimiento realizado por ANF al ingreso de deudores de pensiones, conocidos también como “pensionistas”, a la sección Chonchocorito del penal San Pedro de La Paz, evidenció que como mínimo llegan 42 personas a la semana, un promedio de 6 por día, que, con el monto de 1.500 bolivianos, que se le exige a cada uno, da un total aproximado al año de 3,2 millones de bolivianos.
Los delegados y disciplinas de Chonchocorito para garantizar este monto conminan a los “pensionistas” a pagar el “derecho de piso” en un plazo máximo de 24 horas, aunque ya lo exigen a las 12 horas, debido que por lo general los infractores salen de la detención máximo en 48 horas.
Pasadas las 12 horas las exigencias son con golpizas y presión psicológica, a partir de las 24 horas se aplican acciones drásticas como el despojo de la ropa y ahogamiento con agua directo en la cara. Es un trauma que todo aquel que no ha podido conseguir el dinero o solo parte del monto debe sufrir.
De acuerdo con los cálculos, cada año unas 2.190 personas que incumplen las pensiones sufren malos tratos, tortura y extorsión solo en la sección de Chonchocorito del penal de San Pedro de La Paz.
Los deudores llegan al penal de San Pedro todos los días y a cualquier hora, la policía los agarran donde estén y como estén vestidos: de traje, de heladeros, de payasos, de albañiles, de mecánicos, vestidos de caporal, hasta conocidos locutores de radio y del mundo deportivo pisan el recinto por incumplir la manutención, que deja para los delegados y administradores del penal ingentes cantidades de dinero.
Chonchocorito es calificado por los propios internos, que indignados aportaron con información para esta nota, como “la mina de plata del gobernador del penal”, donde “cualquier autoridad policial que llega a la gobernación toma la posta” de los cobros.
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