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El régimen de Luis Arce plantea entre tres a siete años de cárcel contra los trabajadores de medios de comunicación que difundan o inciten al racismo, en su proyecto de ley 305, dejando de lado la Ley de Imprenta que rige al sector.
En el proyecto ley 305 de “cumplimiento de compromisos internacionales en materia de derechos humanos”, se plantea modificar el artículo 281 del Código Penal con la inclusión de la figura de “Difusión e incitación al racismo o a la discriminación”, que amenaza a los periodistas y medios de comunicación con hasta siete años de cárcel.
“Cuando el hecho sea cometido por una trabajadora o un trabajador de un medio de comunicación social, o propietario del mismo, no podrá alegarse inmunidad ni fuero alguno”, cita el artículo.
El proyecto fue remitido a la Asamblea Legislativa por el propio presidente, mediante el Ministerio de la Presidencia, cartera de la cual depende el Viceministerio de Comunicación.
Este nuevo intento de censurar y penalizar a la prensa tuvo similar polémica en 2010, cuando el régimen del Movimiento al Socialismo (MAS) trató de incluir dos “artículos mordaza” en el proyecto de ley 045, de lucha contra el racismo y toda forma de discriminación. Las movilizaciones de la prensa boliviana lograron eliminar esos dos preceptos que ahora son redactados nuevamente en el proyecto del Ejecutivo.
El presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), Raúl Peñaranda, calificó el proyecto avalado por el Ministerio de la Presidencia como atentatorio contra la libertad de expresión, libertad de prensa y Ley de Imprenta.
Asimismo, Peñaranda ejemplificó los riesgos de interpretación sobre esta nueva figura penal, porque si un periodista informa sobre los grupos de choque del MAS, dirán racismo; lo propio si se da cobertuta a un paro civico alegarán regionalismo, que se acerca a la discriminación.
Recordó también que el entonces mandatario Evo Morales, en 2012 hizo declaraciones públicas en las que aludió que la pobreza en Santa Cruz tenía relación con la “flojera”. Cuando algunos medios informaron sobre esa polémica y el propio jefe masista denunció penalmente por “racismo” a los mensajeros, es decir, a los editores de dos periódicos y una agencia informativa.
Peñaranda, en entrevista con Fides, concluyó que la Ley de Imprenta de 1925 debe ser respetada y negó que sea un fuero que dé privilegios a los trabajadores de los medios de comunicación.
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