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Más de 11 años no han aplacado el dolor de Margarita Quispe cuando recuerda a su hermana Juana, la concejala de Ancoraimes asesinada el 13 de marzo de 2012. Pide justicia, aunque cree que para los pobres este derecho es inexistente.
Sus ojos brillan, pero no es de alegría, sino por sus lágrimas. Solo mencionar el nombre de su hermana le rompe el corazón. “La verdad, no quiero hablar”, dice, pero continúa para dejar un mensaje contundente: “pedimos justicia por mi hermana Juana”.
“Recordar su nombre nos trae mucho dolor. Tantos años no hay justicia para nosotros los pobres. Tenemos nuestra familia y no hay justicia para nosotros”, afirma Margarita, la hermana menor de la concejala.
El cuerpo de Juana Quispe con signos de violencia fue encontrado a orillas del río Orkojahuira de La Paz, en marzo de 2012. Ella había sido elegida primera concejala por mayoría en las elecciones subnacionales de 2010.
Su vida política fue un tormento, por la persecución, violencia, amedrentamiento, acosó a causa de sus labores de fiscalización. La mataron, pero 11 después el caso sigue en la impunidad.
Su familia a pesar del dolor que representa mantener el caso sin que los culpables sean castigados ha seguido en la lucha por justicia, con el apoyo de la Asociación de Concejalas de Bolivia, la Defensoría, además de la abogada y otras organizaciones y colectivos.
“Pedimos justicia por mi hermana Juana, ella luchaba por la gente pobre y humilde de la provincia, no por ella solita. Así le quitaron la vida le hicieron callar y ahí se quedó”, se lamenta.
El asesinato de la concejala Quispe fue el impulso para la promulgación de la ley contra el Acoso y Violencia Política, sin embargo, norma que no ha frenado las agresiones contra las autoridades políticas, principalmente en espacios municipales y departamentales.
Margarita Quispe llegó al Parque Urbano en la ciudad de La Paz, al igual que otras familias de víctimas de feminicidio, violencia y desapariciones, para plantar un árbol que recuerde las vidas de sus seres queridos.
“El espacio fue creado para recordar y valorar la vida de las personas que ya no están con nosotros porque han sido víctimas (fallecidas y desaparecidas) y donde se mantiene viva su memoria a través de árboles que llevan sus nombres”, compartieron las organizadoras Plataformas por la Paz y Fundación UNIR.
Rosario Méndez dijo que cuidará el árbol que plantó para mantener viva la memoria de su hija Verónica Quintana, quien fue asesinada el 8 de agosto de 2013. Después de una década, al fin, dictaron una sentencia ejecutoriada.
Los autores del crimen fueron identificados como sus compañeros de colegio, dos de ellos (una mujer y un varón) fueron sentenciados a 10 años y tres (dos varones y una mujer) a cinco años. “Están libres desde hace 10 años”
“Acabo de enterarme que, aunque sea detención domiciliaria se descuenta, ya se están descontando. Los que tienen sentencia a cinco años, nunca van a entrar a la cárcel, y los que tienen 10 años están apelando (a la sentencia) y solo van a estar meses”, lamentó.
El cuerpo de Verónica fue encontrado en un basural, en el cerro Llaukamarka, fue arrojado a 100 metros de profundidad. Tras dos días de búsqueda intensa dieron con su cuerpo, que, según su madre, había agonizado muchas horas sin auxilio.
Rosario ya no recuerda a su hija con dolor como fue durante años, ahora lo hace con cariño. Aún demanda justicia para que los autores del delito de homicidio, porque no fue tipificado como feminicidio, cumplan sus condenas.
Cada una de las familias, -madres, padres, hermanos, hermanas-, sujetaron sus plantitas y con el apoyo de funcionarios del Gobierno Municipal de La Paz procedieron a plantar sus árboles, en la tierra se colocaron unas pequeñas placas con los nombres de las víctimas, el espacio es denominado “Memoria viva para la paz”.
//FUENTE: ANF//
