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El protagonismo de los movimientos indígenas en las recientes protestas en Perú y Bolivia reveló un “renacer del orgullo del origen” que junto al descontento con las realidades políticas, están llevando a ambos países a un punto de inflexión y obligada transformación, aseguraron expertos.
En un evento organizado por el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES) de Bolivia y la Universidad Internacional de Florida en EEUU, analistas resaltaron las influencias étnicas, culturales y territoriales que están impulsando los estallidos sociales.
“La gente se está movilizando ya no tanto por temas materiales, sino por una necesidad de reconocimiento versus la política del resentimiento, es decir, una especie de reivindicación de la dignidad de los grupos sociales, sobre todo de las minorías, que se han encontrado siempre marginadas y que están convirtiéndose en un dispositivo movilizador bien importante”, expuso María Teresa Zegada, investigadora miembro del directorio de CERES.
Debido a la falta de construcción -en Bolivia y Perú-, de naciones que integren a todos sus componentes culturales e identitarios, la etnia se convirtió en un “tema pendiente que está generando contradicciones internas”, agregó.
En el caso de Perú, las protestas se iniciaron como una muestra de descontento con los miembros del Parlamento y la presidenta Dina Boluarte, quien tomó el poder tras el arresto del expresidente Pedro Castillo por su fallido intento de disolver el Congreso.
Su derrocamiento encendió una ira profundamente arraigada en las provincias rurales, especialmente en el sur rico en cobre, contra la élite política y adinerada en la capital Lima. Las protestas en Perú han dejado a la fecha 58 fallecidos, la mayoría civiles, a excepción de un policía que resultó calcinado en los Andes.
“Estamos frente a una manifestación de un descontento étnico territorializado muy fuerte”, dijo Ramón Majuelo, investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos (IEP). “Es claro reconocer un movimiento campesino indígena que tiene sus ejes en dinámicas regionales y en una fuerte conciencia de distancia y de diferencia respecto a Lima, y que se ha desarrollado en medio de esta protesta”.
Las demandas de los manifestantes no se limitarían solamente a una petición de renuncia de Boluarte, sino a una “demanda de democratización acompañada de una fuerte negación del racismo, la discriminación abierta, el ninguneo y un rechazo a Lima como una capital del país, que sigue concentrando los beneficios y los privilegios, y que sigue siendo el centro de lo que para mucha gente consiste en una continuidad que hay que quebrar a través de la instalación de un gobierno nuevo y una asamblea Constituyente”, agregó Majuelo.
El investigador resaltó el protagonismo del pueblo aimara en las manifestaciones que han “paralizado y sostenido la paralización durante semanas” en ciudades como Puno, al sur de Perú, que es considerada un núcleo comercial.
Perú, un país que ha visto seis presidentes en los últimos cinco años, ahora se enfrenta también al posible colapso de su economía debido a los cierres. Cusco, normalmente una meca de viajeros extranjeros, es un pueblo fantasma en estos días. La Plaza de Armas, donde las mujeres vestidas con coloridos textiles andinos solían posar para las fotos instantáneas, ahora es sede de protestas.
“Las provincias están rechazando un tipo de modernidad que no los incluye culturalmente hablando, que no respeta sus tradiciones y sus esencias y que rechaza una modernización que los hace homogéneos. O sea, es una lucha más bien ciudadana, igualitaria, de una inclusión que respete este pluralismo cultural”, agregó Alberto Adrianzén, investigador principal del Centro de Estudios y Promoción de Desarrollo (DESCO) en Perú.
El pasado viernes, la comisión legislativa de Constitución del Parlamento archivó la propuesta presentada por la presidenta Boluarte de adelantar a octubre las elecciones presidenciales y de los miembros del Congreso y así cambiar autoridades a finales de 2023.
Pese a la exigencia de los inconformes en las protestas, la decisión de la comisión de Constitución implica que, según las normas del Congreso, una nueva iniciativa para adelantar elecciones no será discutida hasta la próxima legislatura que empieza en julio.
El descontento se extiende a Bolivia
En Bolivia, las protestas iniciaron el 28 de diciembre con la detención del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Esta región, considerada el motor económico del país y bastión opositor, se reveló contra el encarcelamiento por cargos de presunto terrorismo contra Camacho, quien ha sido crítico de la gestión del presidente Luis Arce y la de Evo Morales en el pasado.
El gobernador de Santa Cruz fue enviado preventivamente por cuatro meses a una cárcel, desde donde ejerce sus funciones, mientras se le investiga por supuestamente alentar las protestas que siguieron a las fallidas elecciones de 2019 en las que el entonces presidente Morales buscaba su cuarto mandato consecutivo y que fueron calificadas de fraudulentas por la Organización de los Estados Americanos (OEA). Ello desató una crisis política y social que dejó 37 muertos y obligó a Morales a renunciar y huir del país.
Las manifestaciones actuales han dejado 27 instituciones incendiadas, así como 44 automóviles. Hay más de 100 detenidos, 27 de ellos con cargos por destrozos, según el ministerio de Gobierno.
Zegada resaltó que la inclusión étnico cultural es una de las “fracturas profundas no resueltas en la historia de Bolivia”. Este tema, según dijo, ha sido usado con más fuerza por el Movimiento al Socialismo (MAS), liderado por Morales, quienes intentaron apuntar a una “reivindicación de lo indígena” que varios años después vio un decaimiento “por las contradicciones propias del proyecto del MAS, vulnerando los derechos de los pueblos indígenas en reiteradas ocasiones”.
“El tema étnico cultural se ha convertido en un elemento muy potente utilizado por los factores de poder para instalarse en el escenario político, para generar una adhesión, un apoyo social y que tiene una gran capacidad, evidentemente, de movilización”, agregó.
Perú y Bolivía, enfrentados entre sí
El gobierno de Boluarte y el Congreso peruano han señalado por presunta intervención desde Bolivia al expresidente Morales y le han prohibido el ingreso a Perú. Morales ha negado las acusaciones y ha acusado a Boluarte de “buscar culpables a su mal manejo del conflicto”.
Algunos políticos y líderes de Perú cuestionan la participación de Morales y su entorno en reuniones con grupos opositores al gobierno de Boluarte en Puno.
“El dejar implícita la afirmación de que la movilización política popular peruana es resultado de la intervención extranjera es atribuir a Evo Morales una capacidad de influencia que obviamente no tiene en el Perú. Es una información gratuita, incorrecta, que eventualmente se puede explicar por el deseo de ocultar la violencia de la represión en el sur y en los Andes peruano”, dijo Gustavo Fernández, excanciller de Bolivia.
El actual presidente de Bolivia también fue acusado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú de “supuesta injerencia” en los asuntos internos del país. Arce se refirió el pasado sábado a la crisis que vive Perú y expresó que el “pueblo peruano está en una lucha por recuperar su democracia y también por recuperar el derecho a elegir un gobierno que los represente”.
Claudio de la Puente, exviceministro de Relaciones Exteriores de Perú, lo calificó como “una intromisión inadmisible, no solo del presidente Arce sino del exmandatario Morales en asuntos de incumbencia de los peruanos”. “Yo no creo que la reacción de la Cancillería haya sido destemplada ni poco inteligente, me parece que se ha hecho lo que se tenía que hacer.
De la Puente resaltó que la protesta en ambos países tiene unas “demandas legítimas que responden a una deuda histórica con las poblaciones marginadas y que han sido totalmente ajenas al proceso de crecimiento y mayor bienestar”, sin embargo, condenó los movimientos como “una ola de violencia destructiva que no puede ser justificada, a mi juicio bajo ningún concepto”.
Finalmente, Zegada apuntó que “el tema de la identidad ha sido establecido, definido desde la teoría social en los últimos años como uno de los problemas más serios de movilización y de protesta social en el mundo. Esta percepción de un nosotros frente a los otros, una visión compartida de símbolos, discursos, mitos, historia, memorias compartidas que enfrentan al otro, trazan una frontera con el otro y generan una confrontación”.
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