ANGÉLICA SILES
La Constitución Política del Estado, define en el Artículo 115.I. “Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”.
“La justicia está lejos de la gente”, asegura Diego García-Sayán el relator especial de las Naciones Unidas sobre Independencia de Magistrados y Abogados en su visita oficial, del 15 al 22 de febrero a invitación del Gobierno, “la impunidad frente al crimen”, especialmente en los casos de feminicidio y violencia sexual. “Esto hace que la justicia esté lejos de las aspiraciones y necesidades de la gente”, “otra severa limitación a la justicia es el hacinamiento carcelario y la altísima proporción de detenciones preventivas. Por ello, el experto exhortó al país a “intensificar sus esfuerzos para combatir el abuso de la figura de la PRISION preventiva y reducir la sobreocupación en los centros de detención” y la “Ley de Deslinde Jurisdiccional del 2010, eliminar restricciones y limitaciones que neutraliza a la justicia indígena”, y establecer nuevamente la llamada justicia de paz para asuntos y cuestiones menores “habida cuenta de su accesibilidad y la falta de jueces en la mayoría de las circunscripciones del país”.
El incumplimiento del derecho al DEBIDO PROCESO, retardación y mora procesal, las altas tasas hacinamiento carcelario y de presos sin condena, así como los recurrentes casos de condena de inocentes por error judicial, redes de corrupción judicial y persecución política selectiva, develan un problema con raíces profundas, que han hecho que la justicia no llegue a las y los bolivianos y con relación a los procesos de preselección de los magistrados para que estos sean guiados exclusivamente por la identificación de los méritos, la carrera profesional y el compromiso con los derechos humanos y no por consideraciones político partidarias, para recuperar la credibilidad del sistema judicial y evitar que la gente tome la justicia por mano propia y las agresiones que acaban quitando la vida.
Ante la crisis que experimenta la justicia en Bolivia, por su falta de independencia del poder, bajo presupuesto, baja formación de sus operadores con ausencia de idoneidad e imparcialidad de jueces y fiscales, instrumentalización de la justicia para la persecución política, alta corrupción con la designación de autoridades judiciales arregladas y sometidas a redes clientelares y parentelas, mercantilización de la justicia donde todo tiene precio con frecuente la compra venta de cargos y las redes de autoridad judicial coludidas con el poder político se ha normalizado con consecuencias graves de inseguridad jurídica que provoca en la sociedad INJUSTICIA y los riesgos son también mayores, muestran al sistema judicial boliviano, sin reputación, sin honor, sin prestigio, por ello debemos mirar la justicia en prospectiva para darle soluciones y eliminar que el poderoso que comete falta contra el débil quede en la impunidad ante ello solo le queda denunciar en las calles, protesta en los pasillos de los tribunales y finalmente con la huelga de hambre reclamando justicia.
Ante este panorama nefasto Magda Calvimontes y Angélica Siles ex Asambleístas Constituyentes, presentaron un Anteproyecto de Ley en diciembre de 2022, reiteraron la misma en enero de 2023, ante el señor David Choquehuanca, Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, con la idea de recuperar el espíritu constituyente y que el Concejo de la Magistratura convoque a una empresa ESPECIALIZADA, que con código QR sin mencionar nombres ni C.I., seleccione a postulantes, una vez evaluadas remita a la Asamblea Legislativa Plurinacional y elegir la terna de las y los mejores calificados y su remisión posterior al Tribunal Supremo Electoral para la consulta al soberano y que sea el pueblo quién determine quienes serán las personas idóneas y comprometidas con derechos humanos que administren el sistema judicial y así lograr la tan ansiada justicia y evitar el suplicio que viven las víctimas de los delitos que generalmente quedan en la IMPUNIDAD.
ANGÉLICA SILES PARRADO
Abogada, ex Asambleísta Constituyente de Bolivia
*NdE: Los textos reproducidos en este espacio de opinión son de absoluta responsabilidad de sus autores y no comprometen la línea editorial Liberal y Conservadora de VISOR21
