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El Estado plurinacional de Bolivia, a través de la Procuraduría General del Estado lleva 14 derrotas en arbitrajes internacionales que significan 810 millones de dólares de pérdida para las arcas nacionales, según el informe de Impacto de las demandas de arbitraje de inversores contra Estados de América Latina y el Caribe.
El informe, divulgado esta jornada por el portal Brújula Digital y el matutino Página Siete, fue elaborado por Transnational Institute, que mide el ISDS (por Investor-state dispute settlement) o Solución de controversias entre inversores y Estados, que muestran que de los 14 procesos internacionales, Bolivia perdió todos.
El reporte agrega que otro caso llamativo es el de Argentina. Solo cinco de las 28 demandas donde existió laudo fueron a favor del Estado, mientras que 22 se decidieron a favor del inversor, y uno a favor de ninguno de los dos.
“Si sumamos a estos 22 los 18 casos en los cuales se llegó a un acuerdo, concluimos que el 87% de las demandas contra Argentina resueltas fueron decididas favorablemente para el inverso. Un desequilibrio importante a favor del inversor se puede observar también en el caso de Venezuela, segundo país más demandado de la región. Solo 14 de las 33 demandas donde existe laudo fueron decididas a favor del Estado, mientras que 19 casos se decidieron a favor del inversor”, señala el informe.
En el caso de Venezuela el 64% de las demandas concluidas contra Venezuela fueron decididas favorablemente para el inversor. Situaciones similares, favorables al inversor, se dan en los casos contra Bolivia y Ecuador.
Los costos de las demandas
En cuanto a los montos que reclamaron los inversores, el total de las demandas desde 1996 asciende a 240.733 millones de dólares, mientras que de 68 de las 327 demandas no se conoce el monto reclamado por el inversor, razón por la cual el monto reclamado es aún mayor.
“Teniendo en cuenta los casos ya resueltos (ya sea por decisión arbitral o acuerdo de partes) donde se conocen los montos, lo que se les ha ordenado a los Estados pagar a los inversores hasta el momento asciende a 33.638 millones de dólares”, apunta el documento elaborado por las investigadores de TNI, Bettina Müller y Luciana Ghiotto.
Con solo un tercio de este monto, señala el informe, equivalente a $us 10.667 millones, las Naciones Unidas han estimado que se superaría la pobreza extrema en 16 países latinoamericanos. A su vez, esto es más que la deuda externa de El Salvador, Nicaragua y Belice juntos en 2020 y representa un tercio más del monto que las catástrofes climáticas han costado a la región entre los años 1970 y 2021 (25.046 millones de dólares).
Por su parte, el total que reclaman los inversores en las demandas pendientes, donde se conoce el monto, asciende a 49.626 millones de dólares, es decir, en al menos la mitad de las demandas pendientes (44 de 96).
El monto más alto ya pagado por un país a raíz de una única demanda fueron los 5.000 millones de dólares que pagó Argentina a la empresa Repsol en un acuerdo de partes, grafica el documento.
En 2012, el Estado expropió las acciones del grupo español Repsol con el objetivo de controlar Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). La empresa respondió presentando demandas en cuatro instancias: justicia nacional argentina, Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (Ciadi), tribunales de París y tribunales de Nueva York. Finalmente, en 2015, Argentina pagó 5.000 millones de dólares para dar por terminado el caso. Este monto alcanzaría para pagar casi cinco veces el presupuesto completo de salud de la República Argentina en 2019.
El laudo más costoso, sin embargo, corresponde a Venezuela, segundo país más demandado de la región, que en 2019 perdió la demanda de Conoco Phillips en el Ciadi. El Tribunal ordenó a Venezuela a pagar 8.366 millones de dólares. El Estado venezolano se encuentra actualmente en un procedimiento de anulación del laudo.
La explosión en el número de demandas
Las demandas inversor-Estado se han multiplicado en las últimas dos décadas: de un total de 6 casos conocidos bajo tratados en 1996, llegamos a 1190 casos conocidos en la actualidad.
De ese total, los países de América del Sur, América Central y el Caribe fueron demandados en 327 ocasiones, lo cual representa un 27,5% de las demandas inversor-Estado conocidas a nivel mundial.
De los 42 países de América Latina y el Caribe (ALC), 23 ya han sido demandados en el sistema internacional de arbitraje, lo cual representa más del cincuenta por ciento de los países de la región. Argentina, Venezuela, México, Perú y Ecuador son los países más demandados de la región. Entre ellos suman 211 demandas, lo que equivale a casi 2/3 del total de demandas contra los países de ALC.
Un boom de demandas durante la última década
La primera demanda de un inversor contra un Estado de ALC en base a un tratado de protección de inversiones se registró en 1996 contra Venezuela. Desde entonces, la cantidad de demandas ha ido en aumento y alcanzó su punto máximo en 2003, principalmente debido a la crisis del año 2001 en Argentina, cuando se terminó la convertibilidad peso-dólar y se congelaron las tarifas públicas.
De las 25 demandas registradas en 2003, 20 corresponden a Argentina. Desde entonces, la cantidad de demandas ha ido en continuo ascenso. Mientras que entre 1996 y 2006 se registraron 91 demandas, en la última década (2011-2021) el número total saltó a 180. Esto implica un incremento del 98% en la cantidad de demandas.
Durante 2018 y 2019 se registraron 22 casos, volviendo estos años los segundos con más demandas en la historia latinoamericana.
En 2020 y 2021, los años de la pandemia, se registró también un alto número de demandas, pero además este periodo se caracteriza por ser un momento de amenazas de demandas. Se realizaron por lo menos 50 amenazas de inversores acerca de la posibilidad de comenzar un arbitraje contra los países de la región. Algunas de estas ya se convirtieron en demandas concretas.
Los inversores que han demandado la mayor cantidad de veces a los países de ALC provienen de los Estados Unidos: inversores de ese país han accionado un total de 104 veces (30% del total de las demandas). Les siguen los inversores provenientes de países europeos y de Canadá. Los inversores estadounidenses, canadienses y europeos representan el 86,8% del total.
Durante los años 90, los países de América Latina y el Caribe (ALC) firmaron cientos de tratados internacionales que protegen a la inversión extranjera y otorgan a los inversionistas derechos sin precedentes, incluyendo el de demandar a los Estados ante tribunales internacionales cuando consideran que sus ganancias han sido afectadas de alguna manera por las acciones de los gobiernos.
Los países de la región tenían la expectativa de que la firma de estos Tratados Bilaterales de Protección de Inversiones (TBI) fuera decisivo en la atracción de inversión extranjera. “Sin embargo, 30 años después la evidencia muestra que los TBI han estado lejos de ser un instrumento que contribuya a atraer inversiones y mucho menos a promover el desarrollo; por el contrario, han tenido efectos nocivos para los países de la región”, afirma el informe.
Los impactos negativos de los TBI son poco conocidos y debatidos, tanto en los círculos de políticos/as y parlamentarios/as como en la sociedad civil, la academia y los movimientos sociales. El informe pretende poner en evidencia los costos sociales y monetarios que deja el sistema de protección de inversiones y los arbitrajes internacionales como mecanismo de resolución de disputas entre inversores extranjeros y Estados.
Los Estados, los grandes perdedores
En el arbitraje de inversiones, los Estados han sido los grandes perdedores. De los 327 casos conocidos contra países de ALC, hay 206 casos donde hubo una resolución del caso (ya sea por laudos del tribunal o por acuerdo entre partes). De estos 206 casos resueltos, el inversor salió beneficiado en el 62% de los casos.8 Tomando en cuenta los 155 casos donde el tribunal se pronunció (o sea, sin los acuerdos entre partes), los árbitros han laudado a favor del inversor en 77 casos (49,7%).
Además de seleccionar el foro arbitral, el estudio advierte que los inversores tienen el derecho de elegir las reglas arbitrales que guiarán el caso. En los casos contra ALC, los inversores han elegido las reglas del Ciadi en 200 de las 327 demandas en la región. Sumándole el mecanismo complementario del Ciadi (Ciadi AF), que fue usado 38 veces, se puede afirmar que en el 72,8% de las demandas contra países latinoamericanos se recurrió a las reglas del Ciadi para resolver diferencias.
Los inversores también recurrieron a las reglas de Uncitral (por sus siglas en inglés), que pertenece a las Naciones Unidas, las cuales fueron usadas en el 26,3% de las demandas.
Generalmente, los inversores recurren a las reglas de Uncitral y otros tribunales cuando el país no está adherido al Ciadi o ha salido de él, como en el caso de Bolivia, Ecuador y Venezuela. En el caso de Bolivia, 11 de las 17 demandas fueron decididas por reglas de UNCITRAL y, en el de Ecuador, fueron 15 de 25. Venezuela abandonó el CIADI recién en 2012, razón por la cual la mayoría de sus demandas aún se definieron en el Ciadi y bajo sus reglas.
//FUENTE: PÁGINA SIETE / BRÚJULA DIGITAL//
