El Estado Plurinacional, en los últimos años, ha pagado más de 3 millones de dólares en causas resueltas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), y por ello busca “rescatar” ese dinero de aquellos funcionarios que provocaron dichas pérdidas por violación de derechos humanos en Bolivia.
El procurador general, César Siles, este jornada, brindó un informe sobre las causas que llegaron hasta la Corte-IDH, cuyos fallos son imprescriptibles y vinculantes para todo el hemisferio, y respondió que el monto pagado por indemnizaciones a víctimas de vulneración a sus derechos fundamentales asciende a los 3 millones de dólares.
Siles explicó que está vigente el Decreto Supremo 5083, firmado el 13 de diciembre del año pasado por el presidente Luis Arce, que regula el cumplimiento de los pagos establecidos en las sentencias que emita la Corte-IDH, reportó El Deber.
Asimismo, ese decreto pone en vigencia una tarea denominada “acción de repetición” mediante la cual el Estado procesará a exautoridades que violaron los derechos humanos de las personas cuyas denuncias llegaron hasta la Corte-IDH que emitió sentencias con resarcimiento de daños.
El artículo 4 de dicha norma dice: “La Procuraduría General del Estado realizará las acciones legales pertinentes contra quienes resultaren responsables de los actos o hechos, a objeto de repetir los pagos efectuados por el Estado para el cumplimiento de las Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En la acción de repetición, no se considerará los montos restituidos al TGN”.
En ese marco, la Procuraduría envió a la Cámara de Diputados el “Proyecto de ley de acción de repetición” para su tratamiento y aprobación como ley.
Hace unas semanas se conoció el resarcimiento que recibió el expolicía Blas Valencia, quien cumple una sentencia por el atraco y asesinato de dos personas por una remesa de la empresa Prosegur en 2001.
Sin embargo, Valencia y otras personas involucradas, presentaron una denuncia por la vulneración de derechos humanos, pues al momento de ser aprehendidos fueron torturados y se hizo un allanamiento ilegal en sus domicilios.
La CorteIDH falló a favor del excoronel y 26 peticionantes y determinó el pago de 786 mil dólares como resarcimiento.
Policías, jueces y fiscales fueron identificados como responsables de esos hechos contra el atracador que hoy cuenta con detención domiciliaria en Santa Cruz hasta terminar su condena en 2031.
Otro proceso que se encuentra a punto de ingresar a la CorteIDH es el montaje del caso Rozsa o terrorismo de 2009. Los acusados, que fueron absueltos en 2020, avanzaron con su denuncia y se prevé otro fallo contrario, tal como reconoció el propio procurador en anteriores entrevistas en medios de comunicación.
//V21/ EL DEBER//
