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Los 126 transportistas del Perú que ingresan a territorio boliviano seguirán pagando el precio internacional por los carburantes que adquieran en territorio nacional, afirmó este domingo el procurador General del Estado, César Siles.
La medida tendrá respaldo en una norma que elabora el Ministerio de Hidrocarburos y Energías en el marco de la estrategia que elaboró la Procuraduría General del Estado (PGE) para cumplir la sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que ordena a Bolivia “el cese de la conducta que ha sido declarada como contraria” por la diferencia en los precios del combustible para vehículos bolivianos y motorizados con placa internacional.
“Se va acatar la sentencia porque es una decisión vinculante dictada en el marco de la Comunidad Andina de Naciones de la que somos parte. Lo que sí vamos a plantear, y lo estamos haciendo, es una estrategia de cumplimiento de esa sentencia”, indicó en una entrevista con Bolivia Tv.
En esa línea, explicó que los “126 transportistas, importadores y exportadores del Perú, que están registrados en el marco de la CAN, no van a sufrir ninguna modificación, ni (recibirán) subvención, en eso quiero ser enfático, ni subvención en los carburantes. Ellos van a seguir pagando lo que estaban pagando hasta ahora (el) precio internacional”.
Para ello, continuó Siles, la “noma que vamos a modificar seguramente va a incluir a los transportistas bolivianos para que paguen el precio internacional siempre y cuando estén adscritos a la CAN”, que en la actualidad “son dos los que se han adscritos a la CAN, porque todo están en al ATIT, en el marco del ATIT ellos (los transportistas) seguirán pagando por el combustible al preciso subvencionado”.
En Bolivia, los motorizados nacionales pueden adquirir el combustible con un precio subvencionado de Bs 3,72 y Bs 3,74 diésel y gasolina, respectivamente.
En tanto, para vehículos con placa extrajera se estableció que el precio por litro es diferenciado. El precio actual para el diésel y gasolina es de Bs 8,8 y Bs 8,6, respectivamente.
En su sentencia, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina instruyó adecuar la normativa boliviana al Ordenamiento Jurídico Comunitario. Bolivia tiene hasta el 19 de enero de 2024 para adoptar las medidas necesarias y ajustar su regulación en el sector de hidrocarburos.
Siles explicó que para ello se conformaron dos mesas de trabajo que en un plazo de dos semanas tiene que presentar sus resultados.
Una mesa se centra en los ajustes a la normativa que pasará a UDAPE y después a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para su aprobación y la otra trabaja en un proceso de socialización y explicación de los alcances de la sentencia del tribunal andino y del ajuste normativo.
//FUENTE: ABI//
