Yaelvis Santoyo es el niño asesinado a tiros en los brazos de su madre por la Guardia Costera de Trinidad y Tobago cuando miembros de este cuerpo dispararon contra el bote de migrantes venezolanos donde él iba a bordo el pasado sábado. Su diminuto cuerpo de menos de un año está aún en el servicio forense St. James del país insular. Su madre está hospitalizada con un disparo en la clavícula y también incomunicada.
Mientras esto ocurre, el primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, apareció en los medios para defender a los funcionarios castrenses que atacaron la embarcación. Asegura que la acción es “legal y apropiada” y rechazó que se les califique como asesinos.
“No sé qué oficial apretó el gatillo. Pero sé que ese oficial sentiría el dolor de saber que el resultado de esa acción, esa acción legal, esa acción apropiada para defender a Trinidad y Tobago, resultó en la muerte de ese niño y en ser llamado asesino. Lo rechazo, lo rechazo, y lo rechazo“.
Sin argumento jurídico
“Las declaraciones del primer ministro no tienen asidero legal por ningún lado. Son nefastas desde cualquier punto de vista”, afirmó Orlando Moreno, abogado del Foro Penal, en entrevista con PanAm Post, porque la norma general de proporcionalidad es que el uso de la fuerza debe estar en proporción a la gravedad del delito y al objetivo legítimo que se persiga.
Significa que los Principios Básicos permiten el uso intencional de la fuerza letal solo para proteger la vida. En ese punto, “si bien hay una línea muy delgada entre la soberanía de Trinidad y Tobago y la violación de los derechos humanos, claramente los principios son para proteger la vida y no para propiciar la muerte”, precisó Moreno.
Además, la versión del resto de los 30 venezolanos que se trasladaban niega que embistieron a la Guardia Costera, al contrario el motor defectuoso les impidió hacer un intento de escape. Tampoco escucharon voces de alto o bocinas. Solo vieron las bengalas y luego escucharon los disparos.
Sin investigación
La presión internacional permitió que la pequeña Danna Santoyo, de dos años de edad, hermana del niño venezolanos asesinado en Trinidad y Tobago y sobreviviente a la ráfaga de disparos, recuperara su libertad. Familiares del resto de los tripulantes de la embarcación detenidos por la guardia costera de Trinidad y Tobago fueron deportados a Güiria, Venezuela, desde el miércoles.
Sin embargo, “Trinidad y Tobago viola los derechos humanos al detener y deportar a nuestros connacionales”, señaló también el jurista. Al respecto, explica que “estos venezolanos son testigos directos de un crimen y necesitan protección internacional. No son criminales, son desplazados que huyen de un país en crisis y son deportados sin hacer una investigación”.
El hecho se convierte en una nueva arbitrariedad que corresponde a “un patrón de violaciones de los derechos humanos de los venezolanos por parte del Gobierno territorio”, se aseguró el partido Vente Venezuela, a través de un comunicado.
En la misiva, la organización destaca que en julio del año 2020, por órdenes del primer ministro, comenzó una “persecución contra los connacionales a pesar de tener carnet de refugiados” que derivó en la deportación de 170 ciudadanos que intentaban ingresar a la isla.
Todos enfrentaron un “confinamiento en las peores condiciones para ser devueltos a Venezuela”. Un episodio trágico que se une con el naufragio de16 niños y 9 adultos repatriados que permanecieron desaparecidos dos días en alta mar y los 23 cadáveres de venezolanos encontrados en las costas venezolanas para ser portados desde la isla el 13 de diciembre de ese mismo año.
//FUENTE: PANAM POST//
