El gobierno de Bolivia negó este lunes acusaciones de haber atacado al expresidente Evo Morales, cuyos autos fueron baleados el domingo, y sostuvo que la caravana del exlíder había disparado contra una fuerza especial de la policía antidrogas que estaba haciendo un patrullaje.
Morales asegura que el gobierno intentó asesinarlo cuando su auto recibió disparos a primera hora del domingo, en medio de tensiones políticas en el país andino entre él y su exaliado socialista, el presidente Luis Arce.
El ministro del Interior, Eduardo del Castillo, dijo en una conferencia de prensa que la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (ELCN) estaba haciendo un patrullaje regular de carreteras cuando la caravana de Morales disparó contra la policía y atropelló a un oficial.
Morales había dicho el domingo en una entrevista radial que disparó contra la policía después de que ésta abrió fuego.
Los vehículos de Morales eran sospechosos de transportar drogas, según el gobierno.
Morales, por su parte, calificó de falsas las acusaciones de que las autoridades estaban llevando a cabo un operativo antidrogas.
“Si hubiera sido así, ¿por qué su equipo de élite militar y policial disparó más de 18 veces en contra de los vehículos donde precisamente yo me trasladaba”, escribió en X.
Del Castillo agregó que Morales había ordenado que sus vehículos fueran quemados después del incidente, destruyendo cualquier prueba antes de que fuera obtenida.
“Si él realmente hubiese sufrido un atentado, a él le convenía que estos vehículos se encuentren completamente intactos (…) para ver qué evidencias podíamos recolectar”, dijo Del Castillo.
La policía no ha logrado despejar todos los cortes de carreteras de los simpatizantes de Morales, que han provocado desabasteciendo de alimentos y combustible a las ciudades.
La protesta fue convocada por seguidores de Morales para evitar su arresto en un caso judicial de supuesto abuso de una menor cuando era mandatario en 2016.
Tras el ataque al político el domingo sus simpatizantes amenazaron con radicalizar las protestas y mantenían tomado un pequeño aeropuerto en la región del Chapare, bastión y refugio del exmandatario.
El presidente Arce dijo que el caso se investigará, mientras crecen las conjeturas sobre si fue un operativo fallido para detener a Morales o una puesta en escena para victimizar al líder cocalero, que subió a las redes videos del ataque y aseguró que su automóvil recibió 14 disparos de presuntos encapuchados cuando se dirigía a su programa radial de los domingos en el Chapare, en el centro de Bolivia.
El principal asesor de Morales, Juan Ramón Quintana, llamó públicamente a los cocaleros a reforzar su custodia “hasta que vengan condiciones de la comunidad internacional y pueden llevar al expresidente a un lugar seguro”, fuera del país.
Por otra parte, el senador opositor Rodrigo Paz dijo a la emisora Fides que “el país está a la deriva en medio de la pelea entre Morales y Arce para ver quién se va primero mientras tienes gente atrapada en las carreteras, malestar en los mercados por los precios, con una justicia que no genera credibilidad y una policía que parecer estar haciendo lo mínimo”.
La caída en las exportaciones en los últimos años agravó la escasez de dólares para importar combustibles y venderlos a precio subvencionado. A las dificultades para abastecer de combustibles se sumaron incrementos en el costo de vida en medio de fuertes críticas a Arce por su manejo de la economía.
Las disputas entre Arce y Morales por el control del partido oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) de cara a las elecciones presidenciales de 2025 han complicado la situación económica y han dado argumentos a Morales para cuestionar la gestión de su sucesor y apuntalar su regreso al poder. A su vez, Arce ha denunciado un complot de Morales para forzar su renuncia.
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