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Gremios de periodistas de La Paz y Santa Cruz rechazan el pedido del procurador, Wilfredo Chávez, que este miércoles solicitó levantar el secreto de fuente para conocer quién filtró el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que advierte ejecuciones extrajudiciales y tortura en el operativo en el Hotel Las Américas, en 2009, que fue ordenado por Evo Morales.
Raúl Peñaranda, presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz (Aplp), sostuvo que la solicitud de la autoridad es una intención de desviar la atención del fondo del asunto, que es la responsabilidad del Estado sobre las vulneraciones de derechos humanos dentro del denominado “caso terrorismo”.
“Rechazamos este pedido vehementemente, el secreto de fuente es un derecho de los periodistas, está en la ley, es inviolable, rechazamos este pedido fuera de lugar. Otros instrumentos internacionales, de los que Bolivia es suscriptor, piden respetar el derecho de fuente, también hacemos una protesta ante este intento desesperado de esa autoridad”, dijo en contacto telefónico con EL DEBER
Tal como sucedió ayer (martes), Chávez negó que él o algún funcionario de la Procuraduría hubieran pasado el documento a algún reportero y lamentó que se “politice” excesivamente el tema, intentando afectar la imagen del jefe del MAS, Evo Morales.
“Quienes han dado a conocer esto son justamente algunos medios, ayer (martes) me he brindado a que me digan, supuestamente, a quién habría filtrado el procurador o alguien de la Procuraduría el informe, levanten la fuente, creo que es importante, porque vale la pena en este caso aclarar una situación tan infame hacia una autoridad como mi persona”, dijo en entrevista con radio Fides.
De forma similar, Roberto Méndez, presidente de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, recordó que en el país sigue vigente la Ley de Imprenta, que otorga a los periodistas un fuero que impide revelar las fuentes de información. Instó a que Chávez, en lugar de pedir conocer quién proporcionó los datos, se dedique a investigar el caso.
“El Gobierno se encuentra en una encrucijada, porque el informe dice o procesa a esta persona, involucrada en las ejecuciones extrajudiciales, o nosotros abriremos un proceso en la Corte Penal. Al Gobierno el único camino que le queda, en lugar de buscar cinco pies al gato, sobre quién dio esa información, es cumplir esas recomendaciones, le cueste a quién le cueste”, acotó.
El documento, aprobado en diciembre de 2021, señala que hubo ejecuciones extrajudiciales y torturas ordenadas por el Gobierno de Morales contra cinco miembros de un supuesto grupo armado. Insta, para evitar un juicio internacional, que los responsables sean procesados y sancionados dentro del territorio boliviano.
//FUENTE: EL DEBER//
