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Los artículos mordaza del nuevo proyecto de Ley 305 de “Cumplimiento de Compromisos Internacionales en materia de Derechos Humanos” fueron rechazados por los gremios de la prensa en Bolivia, por considerar que se trata de implantar en el país r un sistema de autocensura para limitar la libertad de expresión.
La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Confederación Nacional de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (CNTPB) exigen al Gobierno la anulación de los artículos de la Ley 045, del Código Penal y ahora del proyecto de ley 305 por violar el derecho a la libertad de expresión y de prensa. Las organizaciones anunciaron que realizarán plantones y se declararon en estado de emergencia.
Ambas organizaciones en una conferencia de prensa conjunta rechazaron el artículo que modifica al 281 del Código Penal con el proyecto ley 305 porque afecta la libertad de prensa, anula la Ley de Imprenta y amenaza a los periodistas con penas de cárcel.
En ese sentido, se envió una carta al vicepresidente David Choquehuanca para que elimine esos preceptos que ya se tratan en la Asamblea Legislativa, dentro de la Cámara de Diputados y su Comisión de Derechos Humanos.
“El intento de consolidar la penalización del trabajo de la prensa a través de la eliminación de los Tribunales de Imprenta y de los Códigos de Ética como medios para garantizar la aplicación de los principios de veracidad y responsabilidad en el ejercicio periodístico, busca establecer un sistema de censura y autocensura que limite el derecho a la libertad de expresión y de prensa, por miedo a ser penados por ello. Esta intención no solo atenta contra los derechos constitucionales de la prensa, sino que además violenta los principios elementales de la democracia”, detalla parte de la misiva.
Los gremios de la prensa lamentaron que el Gobierno pretenda penalizar el trabajo de los periodistas, sin explicar los motivos en el proyecto de ley. Añaden que con la norma el trabajo de los reporteros queda desprotegido, porque un juez no tendrá la necesidad de plantear una razón para hacer una acusación y por ello se declaran en emergencia.
“Nos declaramos en estado de emergencia hasta que se atienda favorablemente la petición señalada, advirtiendo que no podemos permitir que se continúen vulnerando los derechos que nos asisten, con normas que pretenden destruir las bases elementales que garantizan el ejercicio de nuestra labor”, reza la carta.
El presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz, Raúl Peñaranda, añadió: “Estamos pidiendo que se anulen esos artículos de la Ley 045 y que ya está en el Código Penal. No porque tengan 13 años (de vigencia) como dice el ministro de Justicia (Iván Lima), aunque sean 100 años seguimos en la lucha, hace 13 años los periodistas han hecho mitines, huelgas de hambre y finalmente el Gobierno logró imponerse”.
Argumentó que el artículo 281 del proyecto de ley 305 es mucho más grave, “para un juez será más fácil acusar a un periodista porque ya no tiene que demostrar que tenemos un motivo o móvil al momento de hacer una acusación sobre una supuesta información racista o discriminadora”.
Además, el artículo de referencia (en la Ley 045) ha sido “seriamente cuestionado” por la Relatoría de la Libertad de Expresión de la CIDH desde 2011, añadió la presidenta de la ANPB, Zulema Alanes.
Por su parte, la dirigenta de la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz Carmiña Moscoso manifestó que no permitirán que el Gobierno una vez más pretenda aprobar normas que vulneran derechos fundamentales, en esa línea dijo se declararon en estado de emergencia y movilización permanente.
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