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- Redacción VISOR21
La organización de activistas Unión por la Libertad y Justicia a partir de ahora tendrá la categoría de Control Social ciudadano para fiscalizar la labor de los operadores de justicia. El acto de posesión se desarrolló en presencia del Tribunal de Justicia Indígena Originaria Campesina de La Paz.
Nancy Quisberth, Daniela Sanabria, David Monzón, Araceli Castillo, Bisckmar Huanca y Carola Antezana juraron como representantes de las organizaciones: Plataforma por las víctimas de denuncias falsas, Plataforma por la guarda compartida obligatoria, Plataforma de lucha contra la corrupción, Plataforma contra la retardación de justicia y Plataforma en defensa a la libre expresión.
La posesión se realizó en presencia del mallku Manuel Quispe, como representante del Tribunal de Justicia Indígena Originaria Campesina, el delegado de Control Social de La Paz, Severino Quispe y adjuntos departamentales a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos.
En su intervención, Sanabria explicó que todas las personas adscritas a cada plataforma conocieron o fueron víctimas del sistema judicial, por la retardación de justicia o las denuncias falsas que llevaron a muchos ciudadanos a ser encarcelados o vivir en procesos legales que derivaron en extorsiones de parte de jueces, fiscales y policías.
Cuando estos casos fueron expuestos ante las autoridades, agregó, se provocó un efecto contrario con una persecución que convirtió a los denunciantes en denunciados.
“Vamos a colaborar a las personas vulneradas en sus derechos, a partir de ahora podremos pedir explicaciones a los operadores de justicia por su forma de actuar”, manifestó.
Otra de las constantes en los abusos de estos operadores de justicia, es la aplicación de la Ley 348 contra toda forma de violencia a la mujer, que llevó a muchos hombres a ser encarcelados sin derecho al debido proceso.
La Ley 348 fue cuestionada desde su promulgación, dado el carácter político que se le atribuyó en 2013, luego del cruel asesinato de la periodista de la red televisiva PAT, Hanalí Huaycho, a manos de su entonces pareja, el teniente miembro de Inteligencia policial, Jorge Clavijo.
Según activistas de Unión por la Libertad y Justicia, que objetan esta norma, en una década de aplicación la Ley 348 no ayudó a frenar los índices de violencia contra la mujer y solo sirvió para criminalizar a los varones, volando la presunción de inocencia.
A partir de la posesión de este nuevo grupo de Control Social, bajo el amparo de la Constitución Política del Estado (CPE) es que se generarán espacios para recibir denuncias contra los operadores de justicia, además de dar seguimiento a los casos que hoy afectan en estrados judiciales a decenas y cientos de personas en el departamento de La Paz.
