Por segundo año consecutivo, el Proyecto General del Estado (PGE) será aprobado de forma automática, debido a que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) no logró realizar la sesiones que permitan analizar, modificar o aprobar el PGE 2025, la misma situación se dio con el Presupuesto del 2024, que el 3 de enero de este año fue aprobado y reglamentado por dos decretos.
Ante este escenario, el viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Gustavo Torrico, dijo que se cumplirá la Constitución Política del Estado (CPE), y el presupuesto entrará en vigor los primeros días de enero de 2025.
Algo similar sucedió en 2023, cuando los legisladores no lograron consensuar y el Gobierno tuvo que aplicar la CPE, que en su artículo 158, indica que la Asamblea tiene la potestad de aprobar el PGE, pero de no hacerlo en 60 días, el presupuesto “se dará por aprobado”, es decir sin necesidad de un decreto.
Lo que sí se requerirá es de un decreto y su reglamentación. Así sucedió con el PGE 2024, cuando el Ejecutivo recurrió a los decretos supremos 5094 y 5095 para reglamentar la aplicación de la Ley 1546 del PGE 2024.
En aquella oportunidad, Marcelo Montenegro, ministro de Economía y Finanzas Públicas, sostuvo que la Ley 1546 debe ser reglamentada.
“Todos los años se reglamenta la Ley del Presupuesto, no es que ahora para esta gestión la estamos reglamentando, como han querido señalar (algunos asambleístas) que será por decretazo, eso es totalmente falso”, aclaró Montenegro.
Por lo que se espera que se de el mismo procedimiento para la promulgación y reglamentación del PGE 2025.
Torrico detalló que el PGE 2025 fue enviado por el Ejecutivo el 30 de octubre a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su análisis y aprobación, según lo establecido por la normativa vigente.
El 6 de diciembre fue tratado y aprobado en grande y detalle en la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados, pero sin la disposición séptima que establecía decomisos para luchar contra el contrabando.
El ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, reiteró que el Ejecutivo tiene que enviar hasta 60 días antes del cierre del año el PGE para que sea analizado por la Asamblea; sin embargo, esta última instancia estatal entró en recesos sin aprobarlo o devolverlo.
“En el caso de que no se llegue a completar ese proceso legislativo, la Constitución establece que ese presupuesto será aprobado y entra en vigencia como sucedió con el PGE de 2024”, indicó Cusicanqui, que ante las observaciones de un mayor endeudamiento previsto en el PGE 2025, la autoridad aseguró “que todos los presupuestos tienen ese tipo de estructuras, enfocadas en mantener la estabilidad y la actividad económica activa con números positivos”.
Observaciones el PGE 2025
El Proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 generó críticas por parte de analistas económicos y sectores de la oposición, quienes expresan preocupación por el incremento de la deuda pública, el uso de las reservas de oro como garantía para el endeudamiento externo y la confiscaciones de alimentos como parte del control ante actos de especulación, aunque esta disposición fue dejada sin efecto en la Comisión Económica de Diputados, pero igual existe la duda de que sea nuevamente, mediante un decreto, contemplada.
Incremento de la deuda pública: El presupuesto autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a realizar operaciones de deuda pública en mercados externos por un monto de hasta $us 3.000 millones. Analistas advierten que esta estrategia incrementa la dependencia del financiamiento externo, sin fomentar sectores clave como las exportaciones o la inversión extranjera.
El uso de Reservas de oro como garantía: Se prevé que el oro de las Reservas Internacionales Netas (RIN) sea utilizado como garantía para el endeudamiento público. Expertos señalan que esta medida podría debilitar la capacidad del Banco Central de Bolivia (BCB) para implementar políticas monetarias efectivas y pone en riesgo la estabilidad económica del país.
Financiamiento a Empresas Públicas Deficitarias: El PGE 2025 contempla inyecciones de capital a empresas estatales que han mostrado déficits en su gestión. Analistas sugieren que, en lugar de continuar financiando estas entidades, sería más sensato reorientar el gasto público hacia sectores más rentables en términos económicos y sociales.
Disposiciones Controversiales: Se incluyen artículos que permiten al Ejecutivo realizar préstamos internacionales sin consultar a la Asamblea Legislativa y autorizan la confiscación de productos en casos de agio y especulación. Estas medidas han sido calificadas como arbitrarias e inconstitucionales por sectores de la oposición.
El economista Joshua Bellott, en su análisis del PGE 2025, señala que este presupuesto augura un año con más deuda y presión sobre las reservas internacionales, lo que podría derivar en una devaluación de la moneda nacional.
Sin embargo, a pesar de estas observaciones, el Gobierno defiende el PGE 2025 como una herramienta para promover la industrialización y la inversión social en el país.
No obstante, la falta de consenso y debate en la Asamblea Legislativa ha llevado a que el presupuesto entre en vigencia por fuerza de ley, sin modificaciones, generando preocupación sobre su impacto en la economía boliviana.
- ///FUENTE: EL DEBER///
