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Una protesta contra el presidente Pedro Castillo en demanda de su renuncia dejó 25 policías heridos y el centro de Lima con destrozos en organismos públicos y una tienda saqueada, mientras otra manifestación al sur de la capital bloqueaba una vía clave.
El ministro del Interior, Alfonso Chávarry, dijo a periodistas el miércoles que 25 agentes resultaron heridos luego de recibir golpes con piedras y palos lanzados por decenas de manifestantes. La policía los repelió usando gases lacrimógenos.
Los manifestantes intentaron incendiar el sótano de la Corte Superior, donde se guardan archivos judiciales, robaron equipos de oficina, apedrearon la fiscalía, el Tribunal Electoral, rompieron cajeros automáticos y saquearon una tienda minorista de la que robaron licores, gaseosas y cigarrillos.
Los manifestantes desobedecieron el martes la inédita orden de toque de queda decretada la medianoche del lunes por el gobierno para intentar calmar una semana de protestas en otras partes del país impulsadas por el alza del precio de los combustibles, los alimentos y los fertilizantes que han dejado cuatro muertos.
El toque de queda fue criticado por expertos y fue el primero desde el fin del gobierno de mano dura de Alberto Fujimori (1990-2000), preso por ser el autor intelectual de 25 asesinatos durante su gestión.
El gobierno justificó la orden de inmovilización social. El ministro de Defensa, José Gavidia, dijo la víspera a periodistas que el toque de queda estuvo motivado por información de inteligencia que indicaba que “los actos de violencia iban a generalizarse sobre todo en el centro de Lima, por lo que había que tomar medidas extremas”.
En Ica, una región costera al sur de Lima, cientos de manifestantes bloqueaban el miércoles por tercer día una vía clave pegada al Pacífico que permite llegar a la capital desde el sur del país. Cientos de viajeros estaban varados mientras la policía, en poco número, no lograba desalojar la zona.
Dos importantes diarios de Perú -El Comercio y La República- coincidieron en sus editoriales del miércoles que Castillo debe dejar el poder.
“A estas alturas su incompetencia luce ya incorregible, su presidencia insostenible y su renuncia, la mejor salida a la situación de desgobierno en la que nos encontramos”, dijo El Comercio. La República escribió “es el tiempo exacto para que Castillo renuncie, asuma la vicepresidenta Dina Boluarte y se convoque a elecciones generales. Es hora de que se vayan todos”.
El mandatario admitió la semana pasada en el Parlamento que Perú vive una crisis económica y explicó que el alza de precios fue impulsada por los efectos de la pandemia de COVID-19 y atizada por el reciente conflicto entre Rusia y Ucrania, que ha llevado al país a una “economía de guerra”.
El viernes el Instituto Nacional de Estadística informó que la inflación mensual de marzo fue de 1,48%, la más alta en 26 años. En febrero de 1996 había sido de 1,53%.
Tras ocho meses de gestión Castillo tiene una imagen negativa de 68%, según un sondeo del Instituto de Estudios Peruanos. El mandatario ha modificado cuatro veces su gabinete ministerial, es criticado por su descuido en designar funcionarios claves y tiene tres investigaciones por presunta corrupción que están congeladas hasta el fin de su gobierno.
El Congreso -que ha intentado destituirlo dos veces- lo supera en descrédito y su desaprobación llega al 79%.
Desde el jueves el país está sin ministro de Salud luego de que el Congreso censuró a Hernán Condori, un polémico médico que promocionaba productos sin aval científico y en cuya gestión disminuyó la vacunación contra el COVID-19.
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