“Nadie es intocable”. La frase pronunciada en cualquier otro país puede sonar a ironía o incluso a exageración, pero en labios del jefe del equipo Lava Jato de la Fiscalía peruana, Rafael Vela, suena a dardo certero como el que le ha permitido obtener este martes una condena para el expresidente Ollanta Humala por recibir aportes de Odebrecht.
Humala, que ya estuvo preventivamente en prisión, sigue la senda que la mayoría de los mandatarios peruanos han transitado en las últimas cuatro décadas, la de los procesos judiciales que han llevado a cuatro de ellos a prisión, dos por sus vínculos con Odebrecht, y tiene a otros tres pagando penitencias legales que pueden llevarles también a la cárcel.
El hombre que presidió Perú entre 2011 y 2016 fue condenado a 15 años de prisión por lavado de activos agravado, al considerar la Justicia probado que recibió aportaciones ilícitas de Hugo Chávez y de la empresa brasileña Odebrecht para financiar sus campañas electorales de 2006 y 2011, respectivamente.
A la esposa de Humala, Nadine Heredia, también la encontraron culpable del mismo delito y recibió una condena de 15 años de prisión por haber dirigido esas campañas electorales.
Al término de la audiencia en la que escuchó la sentencia, todavía apelable, la Policía arrestó a Humala para conducirlo a prisión, presumiblemente, a la conocida como ‘Cárcel de presidentes’.
En el penal de Barbadillo, ubicado en la base de la División de Operaciones Especiales de la Policía Nacional, le espera uno de sus predecesores, Alejandro Toledo, también condenado por el caso Odebrecht, y uno de sus sucesores, Pedro Castillo, en pleno juicio por su fallido golpe de Estado en 2022.
Toledo, el primero de una saga
Toledo no solo fue el primer presidente electo tras la caída de Alberto Fujimori, con quien compartió reclusión en Barbadillo, en lo que se denomina en Perú “la recuperación de la democracia”, sino que inauguró el oneroso camino de mandatarios condenados por Odebrecht.
El expresidente (2001-2006) fue sentenciado a 20 años y seis meses de prisión por la comisión de los delitos de colusión y lavado de activos por los sobornos recibidos de la empresa brasileña y todavía le espera otro proceso por el supuesto blanqueo del capital recibido.
Como compañero de celda hasta 2024 tuvo a su némesis política, Alberto Fujimori, el autócrata que rigió con puño de hierro el país entre 1990 y 2000 y fue condenado por delitos internacionalmente calificados como de lesa humanidad.
El polémico indulto que le otorgó el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski le permitió salir de prisión y fallecer en su casa, lo que redujo a dos el número de presos en Barbadillo.
Acompañando a Toledo, y presumiblemente a Humala, está el último presidente electo en Perú, Pedro Castillo.
Castillo terminó compartiendo cárcel con Fujimori tras su fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
Precisamente el mensaje de Castillo tildado de golpista tiene muchas similitudes con el que pronunció Fujimori en su autogolpe de Estado de 1992.
Actualmente, el último mandatario electo es acusado de rebelión en el golpe de 2022 y también pesa sobre él otra orden de prisión preventiva de 36 meses por corrupción.
De Alan a Boluarte
El resto de presidentes tampoco han tenido un camino más halagüeño, pues Alan García, el mandatario dirigió el país en dos periodos (de 1985 a 1990 y de 2006 a 2011) optó por el suicidio antes de ser recluido bajo prisión preventiva por el caso Odebrecht.
García se quitó la vida en 2019 cuando las autoridades tenían en marcha un operativo para detenerlo en Lima. El político era investigado por un caso de corrupción vinculado a Odebrecht.
El penúltimo presidente electo peruano, Pedro Pablo Kuczynski, también fue sometido temporalmente a arresto domiciliario por el caso Odebrecht y actualmente un juez ordenó rehacer la investigación debido a irregularidades en el proceso anterior.
Su sucesor, Martín Vizcarra, enfrenta un juicio por supuesto cohecho pasivo cuando era gobernador de la sureña región de Moquegua (2011-2014) y la Fiscalía lo acusa de recibir sobornos por más de 2 millones de soles (unos 534.000 o 473.000 euros).
La actual presidenta, Dina Boluarte, afronta su propia odisea judicial, con varias investigaciones abiertas, la más sonada de ellas por corrupción al recibir relojes de lujo no declarados (aunque la puede paralizar el Congreso), además de otros por supuesto abandono o las muertes en las protestas, que ha llegado a la Corte Penal Internacional.
Las excepciones
Dos presidentes han salido del Palacio de Gobierno sin levantar polvareda, el mandatario que inició la transición en Perú tras la caída de Fujimori, Valentín Paniagua, y Francisco Sagasti, que tomó las riendas de la Presidencia tras la turbulenta salida de Vizcarra y su sucesor, Manuel Merino.
Sobre ellos, mandatarios temporales del país que asumieron el cargo designados por el Congreso, no pesan acusaciones, como tampoco actualmente sobre Merino.
Merino, presidente durante apenas cinco días, fue denunciado por las muertes en las protestas que siguieron a su nombramiento, pero el Congreso la archivó.
- ///FUENTE: PANAM POST/ EFE///
