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Pedro Castillo está a semanas de cumplir su primer año como presidente de Perú. El maestro rural que se impuso sorpresivamente en 2021 en una elección polarizada, sin embargo, afronta un duro panorama político. Según los sondeos de opinión de empresas como IPSOS, el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) y CPI, cuenta con una desaprobación que bordea el 80%.
Más allá de la cifra, lo más grave ahora es que Castillo es investigado por la justicia. Es el primer jefe de Estado en dos décadas que tiene esa condición en el ejercicio de sus funciones. Sus predecesores Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra fueron objetos de pesquisas una vez que dejaron el gobierno en distintas realidades.
Actualmente, Toledo se encuentra a la espera de su extradición de Estados Unidos a Perú para que responda por un soborno de 20 millones de dólares que le hizo la constructora Odebrecht para adjudicar una obra durante su gobierno. García se suicidó al verse cercado por la fiscalía por también su supuesto nexo con la firma brasileña.
Humala está en un juicio por aportes de Odebrecht y Venezuela a sus campañas presidenciales de 2006 y 2011. Kuczynski estuvo en prisión domiciliaria por negocios entre su empresa y la mencionada compañía brasileña cuando era ministro de Economía en 2005. Vizcarra es investigado por sobornos cuando era gobernador de la región Moquegua entre los años 2011 y 2014.
“Lamentablemente nos enfrentamos a una crisis de legitimidad de la figura presidencial. Eso afecta gravemente la confianza en el régimen político democrático en el sentido que los ciudadanos y las ciudadanas vamos encontrando que quienes generan promesas en campaña y se presentan como personas íntegras, al final no lo son”, indica la politóloga Katherine Zegarra a la Voz de América.
La máster en Ciencia Política por la Universidad de Salamanca cuestiona que constantemente se tiene líderes en Perú relacionados con actos de corrupción. Un buen caso es el actual presidente Castillo.
“Vino de una región pobre del país y significaba una renovación a los políticos tradicionales que habían. Sin embargo, desde los primeros días de su gobierno, comenzó a designar a personas altamente cuestionadas. Entonces, lo que volvió a generar es la política de siempre: buscar intereses particulares que están relacionados a actos de corrupción”, mencionó Zegarra.
La especialista apuntó que Castillo demuestra que no conoce el funcionamiento del Estado y, menos aún, se muestra dispuesto a una búsqueda real de buenos integrantes para rodearse y enrumbar su gobierno. “El presidente no confía en sus propios ministros. Eso es clave para un buen trabajo gubernamental”, afirmó a la VOA.
Castillo también enfrenta el problema que ya no cuenta con una bancada cohesionada en el Parlamento que pudiera defenderlo ante cualquier pedido de destitución por parte de la oposición. En los últimos días, el partido Perú Libre, que lo llevó al poder, le pidió su renuncia formal por no aplicar el ideario de su mentor Vladimir Cerrón.
El jefe del Ejecutivo respondió al pedido y se desvinculó de la agrupación. “El presidente va tener que negociar continuamente con diversas bancadas para poder mantenerse dentro del gobierno”, opina Zegarra sobre este panorama para Castillo en el Parlamento.
La especialista sostiene que es claro que el jefe del Ejecutivo no logrará culminar sus cinco años de gobierno. Esto provocará, en su análisis, que haya una ola ciudadana que exija nuevas elecciones generales debido a que tampoco hay una buena imagen del Parlamento que, según las encuestas, tiene una desaprobación de casi el 90% a nivel nacional y está altamente fragmentado.
Cercado por la justicia
El presidente Castillo es investigado por cuatro presuntos casos.
El primero tiene que ver con los ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas en noviembre del año pasado. Luego, por una presunta presión al jefe del sistema tributario para favorecer a unas empresas. Después, por el plagio en su tesis de maestría y el más grave por la licitación de un puente en la selva peruana que fue revelada por una empresaria llamada Karelim López, quien acusó a Castillo de liderar una mafia que solicitaba sobornos por obras en el Ministerio de Transportes.
Precisamente, la cartera de Transportes ha sido el eje de las graves revelaciones de actos de corrupción por los que Castillo es investigado desde mayo pasado por la Fiscalía de la Nación por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencia agravada y colusión en el caso Puente Tarata-Provías Descentralizado. Y en el que también se encuentran involucrados sus más cercanos colaboradores: su exministro Juan Silva, el exsecretario personal Bruno Pacheco y su sobrino. Todos ellos son prófugos de la justicia desde hace meses.
“La situación del presidente es muy delicada. Tiene varias investigaciones penales abiertas y hay dos personas que lo sindican como jefe de una organización criminal”, sostiene el exprocurador anticorrupción José Ugaz a la Voz de América. Añadió que si las indagaciones siguen avanzando, dos escenarios se darán.
“El primero es que los congresistas que eran los aliados del gobierno terminen cambiando de actitud y apoyen una medida para acabar con el gobierno. Lo segundo es que haya un efecto social. Hay momentos en que la ciudadanía se activa y puede movilizarse como lo que pasó el pasado 5 de abril cuando se declaró el confinamiento o lo ocurrido en noviembre de 2020 para sacar a Manuel Merino del poder”, sostiene.
Más allá de contextos, Ugaz indica que el caso Puente Tarata es el más sólido contra el presidente Castillo. “Tiene a una persona como Karelim López que lo acusa directamente de ser el jefe de una organización criminal”, apuntó a la VOA. En los últimos reportes de la prensa local se ha revelado que el presidente habría recibido más de 20.000 dólares por adjudicar esta obra en noviembre del año pasado.
El exprocurador anticorrupción mencionó que cuando la Policía capture al exministro de Transportes, Juan Silva; al exsecretario presidencial Bruno Pacheco y el sobrino de Castillo, quienes son buscados por la justicia por estar involucrados en actos de corrupción en el caso Puente Tarata, ahí comenzará el fin del actual régimen.
“Conforme se vaya corroborando la información proporcionada por los colaboradores eficaces y el Ministerio Público emita un dictamen acusatorio, el presidente Castillo va tener que tomar una decisión: renuncia, se somete a un proceso de destitución por parte del Congreso o la ciudadanía saldrá a la calle para que deje el poder”, indicó.
Finalmente, el exprocurador refirió que el Perú está en una situación ambivalente frente a los casos de corrupción que involucran a los presidentes de los últimos 20 años. “Somos un país con presidentes investigados, presos y suicidados por corrupción. Solo se escapan de esa situación los dos presidentes de transición que hemos tenido como Valentín Paniagua y Francisco Sagasti. Eso habla del nivel de penetración de la corrupción en altas esferas de la clase política. Pero, por el otro, podemos tener el prestigio de que somos el país en el que la justicia se encarga de procesar a sus autoridades a diferentes de otros en la región”, reflexionó.
En paralelo a las investigaciones fiscales, el presidente Castillo también es procesado por el delito de traición a la patria en el Congreso. Esto porque en enero pasado, durante una entrevista con el periodista Fernando del Rincón de la cadena CNN En Español, sostuvo que evaluaría darle una salida al mar a Bolivia. Tras el escándalo diplomático, el presidente tuvo que retractarse. Pese a esto, la acusación constitucional contra él avanza y podría llevarlo a ser destituido e inhabilitado para ejercer la función pública por 10 años.
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