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Aunque en algunas páginas se limitan a poner las iniciales PAF, ese es el diagnóstico de muerte en las autopsias de 30 manifestantes fallecidos, más de la mitad de los 49 civiles caídos en enfrentamientos con la fuerza pública en las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte en Perú entre diciembre y febrero.
The Associated Press revisó los informes forenses de 32 de las víctimas por enfrentamientos con las fuerzas del orden y, salvo en dos casos, todos atribuyen las muertes a esa frase o esas iniciales, lo que apunta al uso de armas letales en la contención de las protestas.
Las necropsias detallan los daños causados por los impactos y tres de ellas también dan cuenta de los calibres de las balas, dado que aún se encontraban en los cuerpos. Coinciden con las que utilizan las armas de las fuerzas de seguridad peruanas, como los fusiles AKM con calibre 7.62 mm y las pistolas 9mm Beretta y Sauer, de acuerdo con un documento al que tuvo acceso la AP que enlista las armas disponibles en una comisaría de Juliaca.
Esto, según expertos consultados, apunta a que policías y soldados que reprimieron las manifestaciones incurrieron en uso excesivo de la fuerza y fueron en contra de sus manuales de operación que prohíben disparar directamente contra los manifestantes, salvo en el caso extremo de seria amenaza para su vida.
El gobierno ha negado abusos, pero organismos internacionales —como el alto comisionado de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos— han iniciado sus propias revisiones sobre el uso desproporcionado de la fuerza. En videos de las manifestaciones en las principales ciudades de Perú, policías y soldados fueron captados en distintos momentos mientras apuntan y disparan contra los manifestantes.
Las autopsias, de una de decena de páginas cada una, van acompañadas de algunas imágenes que refuerzan la idea del daño que causan las balas de alto calibre. Se realizaron por el Instituto de Medicina Legal, en los hospitales de Andahuaylas, de Ayacucho y en el Carlos Monge Medrano, de Juliaca, los tres en el sur de Perú y en donde se registraron las manifestaciones con más víctimas.
Cada necropsia abunda en el tipo de herida que causó la muerte. Por ejemplo, Roger Rolando Cayo Sacaca, manifestante de 25 años, falleció el 9 de enero en Juliaca como resultado de una “herida ocular penetrante por disparo de arma de fuego a larga distancia produciendo hemorragia cerebral y edema cerebral”. El parte forense adjunta una fotografía del interior de su cabeza e indica que el proyectil era tipo perdigón.
El cuerpo de Crhistian Armando Mamani Hancco, músico de 22 años presentaba “orificio de entrada y de salida de PAF” y, según su autopsia, el proyectil, que ya no se encontraba en el cuerpo lo que impide conocer el calibre, “atraviesa espacio intercostal izquierdo, lacera vísceras (ambos pulmones, pericardio, mediastino) y vasos torácicos”. Dejó un orificio de entrada de 1,5 x 1 centímetros. Fue otra de las víctimas de las protestas en Juliaca del 9 de enero.
Algunos menores también fueron víctimas.
En la misma jornada, un proyectil de calibre 7,62 milímetros perforó la pared toráxica, pulmón izquierdo, diafragma e hígado de un escolar de 16 años, “alojándose el proyectil en el hemiabdomen derecho”, según la autopsia.
La necropsia a una universitaria de 17 años revela que recibió, también en Juliaca el 9 de enero, un “proyectil de calibre de 9MM Parabellum con encamisado de color cobrizo” que le condujo a una muerte por “laceración de grandes vasos de cavidad abdominal posterior”.
En Ayacucho, el 15 de diciembre, otro adolescente de 15 años recibió un proyectil que entró por “la región escapular derecha, a 9,5 centímetros de la línea media posterior” y salió por la “región anterior del brazo izquierdo”.
En los tres episodios con más víctimas —Juliaca (9 de enero), Ayacucho (15 de diciembre de 2022) y Andahuaylas (11 y 12 de diciembre)—, las letras PAF o la leyenda Proyectil por Arma de Fuego aparecen repetidamente en las autopsias.
La AP contabilizó que de los 18 manifestantes muertos en enfrentamientos con la policía en Juliaca, todos fallecieron por arma de fuego. Además, uno de ellos, presentaba hasta tres disparos: dos en el tórax y uno en la cabeza; otro tenía 72 perdigones en la espalda que le destrozaron los pulmones y el corazón.
Las 10 víctimas en Ayacucho también cayeron por impacto de bala: tres en el abdomen, seis en el tórax y uno en el cráneo. De los cinco fallecidos de Andahuaylas, al menos dos murieron por disparos en el tórax.
En Lima, adonde llegaron las protestas a finales de enero, murió una persona. Fue un albañil que recibió un golpe en la cabeza por objeto contundente que le causó un traumatismo craneoencefálico severo y fractura craneal. Su familia lo atribuye a una lata de gas lacrimógeno disparada por un agente.
Los parientes de Víctor Santisteban, de 55 años, no han recibido respuesta de las autoridades un mes y medio después de lo que ellos consideran un asesinato a manos de la policía.
La última imagen que tienen de él es la que han visto en 11 vídeos de seguridad que registraron cómo el hombre se desplomó al suelo tras recibir un golpe en la cabeza y su sangre formó un charco en el suelo junto a la caja de zapatos que llevaba. Fue el 28 de enero; el 31 lo enterraron.
“Ni una palabra, ni un papel”, reprocha su hermana Elizabeth Santisteban.
La familia cree que le golpeó una bomba lacrimógena porque en las grabaciones revisadas en la fiscalía se ve salir un fogonazo de la escopeta de un agente y luego una lata a los pies de la víctima que echaba humo. La ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, dijo en su momento en televisión que fue una “piedra”.
Los análisis forenses solo indican la causa de la muerte, no el objeto que la provocó.
La muerte de Víctor Santisteban tiene en común con los otros 47 civiles fallecidos en enfrentamientos con la fuerza pública durante las protestas que aún está impune.
Cuestionamientos por uso de la fuerza
Dos días después de los enfrentamientos en Juliaca, en los que también murió un policía quemado en su vehículo, la Fiscalía —un ente cuya elección no depende del gobierno— abrió una investigación por presunto “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves”, en la que incluyó a la presidenta Boluarte y varios ministros.
La mandataria aún no ha declarado en esa investigación. Sin embargo, el primer ministro Alberto Otárola dijo en febrero al fiscal, en un documento visto por la AP, que le recordó por Whatsapp al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Manuel Gómez, que “la prioridad es la vida de los ciudadanos”. La AP preguntó al Comando Conjunto sobre esta comunicación, sin obtener respuesta al momento.
La AP ha buscado en repetidas ocasiones la versión del gobierno, policía y ejército sobre el uso de la fuerza en las protestas y el uso de armas letales, pero ningún funcionario ha respondido.
Boluarte tampoco contestó en enero en una conferencia cuando The Associated Press le preguntó si, como jefa de fuerzas armadas y policiales, había ordenado no usar armas letales contra manifestantes. Por el contrario, resaltó la “inmaculada” conducta de los agentes a los que premió con un bono. Achacó la virulencia de las protestas a “radicales” y los relacionó sin ofrecer pruebas con el narcotráfico, minería ilegal y contrabando.
Los cuestionamientos sobre el proceder de los uniformados se elevaron a medida que aumentaban los muertos y pasaron de las quejas de los manifestantes al escrutinio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de Estados Americanos y las Naciones Unidas.
Los organismos internacionales enviaron desde diciembre pronunciamientos por la violencia y las muertes. En enero,la CIDH pidió al gobierno realizar una investigación oportuna sobre el uso de armas. El 24 de febrero la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos comunicó a Boluarte que en 60 días su gobierno debe informar cuál es el protocolo de ejecución y qué programas de formación existen para “evitar el uso excesivo de la fuerza”. Hasta ahora, no se ha informado ni del inicio de la pesquisa oficial ni de sus conclusiones.
En total, en Perú han muerto 67 personas desde que iniciaron las protestas, según la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, el número de civiles muertos directamente en enfrentamientos con las fuerzas del orden es de 49. El resto son un policía, seis militares y 11 civiles más que fallecieron en bloqueos o en un contexto relacionado con las protestas, pero no por choques con la fuerza pública.
Ni en Chile (34 muertos entre 2019 y 2020), Bolivia (37, en 2019), Ecuador (9, en 2022), Colombia (46, en 2021) o Argentina (39, en 2001) hubo tantos muertos como en Perú. Sólo Venezuela (120, en seis meses de 2017) y Nicaragua (355, en año y medio entre 2018 y 2019) superan al país andino.
La asesora principal de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, Jo-Marie Burt, concluyó para AP que “los números ponen a Perú como campeón de la represión entre las democracias de la región, superado sólo por países abiertamente autoritarios como Venezuela y Nicaragua”.
Normas que limitan la respuesta pública
La policía se ha defendido recalcando que hay manifestantes violentos y que algunos incluso usan pirotécnicos lanzados desde tubos para herir a los agentes. Según sus informes, 43 comisarías han sido atacadas y más de 850 agentes presentaron contusiones, además del policía que murió quemado.
Aun así, Perú tiene dos normas de 2015 y 2022 que limitan el uso de la fuerza de los cuerpos de seguridad y en ambas se indica que “solamente hay un supuesto donde las fuerzas del orden pueden disparar a matar y es para proteger la vida”, explicó Mar Pérez, investigadora del colectivo progresista peruano Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Es el único supuesto, en caso de seria amenaza para la vida de los uniformados, en que se pueden utilizar balas.
El hecho de que haya personas violentas en una manifestación “no vuelve, per se, violenta a toda la protesta” ni autoriza a disolver la convocatoria con uso de la fuerza ni a practicar detenciones masivas, dijo Paulo Abrao, exsecretario ejecutivo de la CIDH.
Los manuales policiales indican que no se puede disparar una escopeta con perdigones de goma a menos de 35 metros de distancia y se alerta de que, “a corta distancia” —no especifica cuánto— y en dirección a la cabeza y tórax, “puede causar la muerte”.
Del mismo modo, los bastones deben evitar la cabeza, cuello, tórax y genitales de los manifestantes y nunca deben usarse como castigo. Respecto a los gases lacrimógenos, se restringe el lanzamiento directo contra las personas, así como cerca de hospitales y escuelas.
En Perú, los civiles sólo pueden poseer armas de bajo calibre. Las armas de alto calibre -incluidas las de 7,62 y 5,56 mm mencionadas en los informes forenses- son de uso exclusivo de las fuerzas de seguridad.
Carmen Rosa Cardoza, fundadora de la organización Equipo Peruano de Antropología Forense, dijo a la AP que las autopsias muestran un patrón de “uso desproporcionado de la fuerza”.
“Se observa un patrón en las lesiones por proyectiles de arma de fuego ligadas a violaciones de derechos humanos”, indicó la antropóloga forense. Añadió que la mayoría de las heridas letales se producen en la cabeza, cuello, tórax y abdomen. Comentó que quienes disparan apuntan a esas regiones.
Uso de fusiles
Videos recogidos por AP muestran a soldados disparando fusiles Galil de forma horizontal —en lugar de al aire— cuando manifestantes pretendían ingresar al aeropuerto en la protesta del 15 de diciembre en Ayacucho cuando murieron 10 civiles, todos por disparos.
Un funcionario policial, que pidió no ser identificado por no estar autorizado a hablar con la prensa, confirmó a la AP que la policía usa fusiles tipo AKM, que utiliza balas calibre 7,62×39. La AP también pudo ver la copia de una lista de fusiles Galil —que usa municiones calibre 5,56 mm— que una brigada de soldados en Ayacucho sacó de su almacén antes de ir a contener manifestantes.
Tres días después de esa jornada, la AP recorrió la zona donde cayeron las víctimas y fotografió cajas de municiones 5,56mm dispersas por el piso.
En Andahuaylas, Carla Lizarme —hermana de un joven de 18 años muerto el 11 de diciembre de un balazo en la espalda, según la necropsia— encontró un casquillo cerca del cadáver de su hermano con la inscripción “PNP 7,62×39”. Según el Ministerio del Interior, es el cartucho que usan los fusiles AKM de la policía nacional peruana, cuyas iniciales son PNP.
Antes del gobierno de Boluarte, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos documentó 160 muertes en protestas desde 2003, todas impunes. Y el Departamento de Estado de Estados Unidos indicó en marzo, según su reporte de 2022, que “la impunidad sigue siendo un problema importante” entre las fuerzas de seguridad de Perú.
Repitiéndose el esquema de impunidad, Raúl Samillán, hermano de Marco Samillán, un estudiante de medicina que murió en Juliaca por un disparo que le perforó el pulmón izquierdo el 9 de enero, dijo que dos meses después del suceso no hay ningún detenido por las muertes.
“La justicia no funciona, ni una persona detenida”, dijo.
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