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La protesta se dará en puertas de la Fiscalía el 2 de agosto. Dos hechos violentos se registrados en menos de 48 horas y uno de ellos fue justificado por un senador del MAS
Redacción VISOR21
La Asociación de Periodistas de Santa Cruz convocó a un plantón en rechazo a las amenazas y agresiones que se volvieron a generar contra los trabajadores de la prensa en ese departamento. En uno de los casos, un abogado cuestionó la presencia de los medios de comunicación en una audiencia judicial pública; en el segundo, el miembro de una familia ligada a casos de narcotráfico amenazó a un periodista de El Deber.
“Dada la gravedad de los hechos, la escalada de violencia contra los trabajadores de la prensa y medios de comunicación, la Asociación de Periodistas de Santa Cruz convoca a todas las organizaciones representativas del gremio a un plantón frente a la Fiscalía del Departamento, a realizarse el próximo miércoles 2 de agosto a las 9:30”, señala la convocatoria emitida hoy por esa entidad, presidida por la periodista Maggy Talavera.
Se demanda que la Fiscalía cruceña inicie acciones “de oficio en contra de quienes pretenden coartar las libertades de expresión y de prensa”. La Asociación advierte que las acciones legales tienen el fin de evitar una escalada de violencia y odio, para no lamentar desenlaces trágicos, “como los vistos ya en otros países”.
Según los antecedentes, el primer caso se registró el lunes en las oficinas del juez agroambiental Osmar Fernández Velasco, cuando Marvin Coro Espinoza, abogado de la parte demanda por la familia Kim, increpó a los equipos de prensa que acompañaban la audiencia y exigió su expulsión, extremo que aceptó el juez. No obstante, la audiencia tenía un carácter público, en el que debe primar el principio de la publicidad, como garantía al debido proceso.
El segundo caso ocurrió el miércoles “y fue aún más grave: un hombre identificado como Edwin Douglas Lima Lobo llegó e ingresó de manera violenta a las oficinas de El Deber, exigiendo a gritos la presencia de sus máximas autoridades y del periodista Guider Arancibia, al que amenazó con demandas y algo más por la publicación de una noticia que involucra a su familia con el narcotráfico”, detalla el comunicado de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz.
“De aquí en delante, tenga mucho cuidado. Se lo digo así”, se oye gritar al Lima Lobo, según confirmó El Deber.
La acción violenta en contra de Arancibia fue justificada hoy por el senador del MAS, Félix Ajpi, quien señaló que los periodistas no sean “tiburones”.
“En esa parte, yo siempre había exigido a los compañeros de la prensa que sean más objetivos. La Felcn o el ministro saca unas iniciales, pero la prensa dijo que es tal persona. Entonces no es nada objetivo. Por eso yo les pido que sean tan objetivos, que no sean periodistas tiburones para salir a la palestra y salir primero de la comunicación”, indicó el legislador del MAS.
Por su lado, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, anunció que esa cartera de Estado brindará “todas las garantías necesarias” para que el periodista Arancibia continúe con su trabajo.
“En relación a las amenazas que recibió el periodista del diario El Deber, Guider Arancibia, por una denuncia de un cargamento de cocaína transportada en una avioneta que cayó en Argentina, desde el Ministerio de Gobierno, y en cumplimiento de nuestra labor constitucional y nuestras prerrogativas legales, se le brindarán todas las garantías necesarias para que continúe realizando su labor periodística e investigativa”, escribió Del Castillo en sus redes sociales.
La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, presidida por Zulema Alanes, calificó de “insuficiente” el pronunciamiento del ministro y denunció que estos actos violentos y sistemáticos no son investigados ni sancionados por el Gobierno.
“Le recordamos (a Del Castillo) que en este caso no se ha amenazado a ‘cualquier persona’ sino a un periodista que está expuesto a riesgos extraordinarios y, por tanto, debe gozar de protección especial. El periodismo es un servicio de interés público que garantiza el derecho de la sociedad a acceder a información”, señala el comunicado de esa instancia.
Recordaron que los estándares interamericanos establecen la obligación del Estado de brindar protección extraordinaria a los periodistas cuya vida o integridad física están en peligro mediante la adopción de medidas concretas de protección, y esta obligación conlleva también la responsabilidad de prevenir, proteger y procurar justicia.
“Denunciamos que las amenazas contra el periodista Guider Arancibia forman parte de un patrón de violencia impune, sistemática y estructural, contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación. Aunque este tipo de hechos son recurrentes, el Estado nunca ha cumplido con la obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables”, concluye el pronunciamiento.
