Perdimos salida al mar por incapacidad y negligencia del gobierno

ANGÉLICA SILES

La Constitución Política del Estado define en el Artículo 267. I que “El Estado boliviano declara su derecho irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio que le dé acceso al océano Pacífico y su espacio marítimo. II. La solución efectiva al diferendo marítimo a través de medios pacíficos y el ejercicio pleno de la soberanía sobre dicho territorio constituyen objetivos permanentes e irrenunciables del Estado boliviano”.

La historia de Bolivia refleja que el 23 de marzo de 1879 las tropas chilenas INVADIERON nuestro territorio, entonces se dio la batalla de Calama, en la que Bolivia perdió su Litoral y por consiguiente su salida soberana al mar. Para terminar el estado de guerra con Chile se firmó el Tratado de 1904, en el que Bolivia aseguró su acceso al mar mediante el reconocimiento a perpetuidad del más amplio y libre derecho de tránsito comercial por territorio y puertos chilenos al Pacífico. También Chile se comprometió a construir el Ferrocarril hacia Arica y para ello desembolsó cien libras esterlinas, que podía llegar a 1.700.000 libras esterlinas.

En el décimo departamento que perdimos, el Litoral, Bolivia tenía 400 Km de costa y unos 120.000 Km2 de territorio frente al océano pacífico, con Tocopilla, Mejillones, Antofagasta y Calama. En ese territorio está Chuquicamata, mina de cobre considerada la más grande del mundo, de 5 Km de largo, 3 de ancho y 1 Km de profundidad. Es productora de cobre, oro y molibdeno a cielo abierto, ubicada a 15 Km al norte de Calama y en Antofagasta, produce unas 528.377 toneladas de cátodos electrorefinados y electroobtenidos con una pureza de 99,99 % de cobre y 10.760 TM. de contenido fino de molibdeno, y otros subproductos, como barros anódicos y ácido sulfúrico. Es la principal fuente de ingresos de Chile.

Haciendo gala de triunfalismo, con ignorancia y prepotencia, Evo Morales interpuso una demanda ante la Corte Internacional de Justicia contra Chile, el 24 de abril de 2013, pidiendo que la CIJ declare: 1) Que Chile tiene la obligación de negociar con Bolivia con el fin de alcanzar un acuerdo que otorgue a Bolivia una salida plenamente soberana al océano Pacífico. 2) Que Chile ha incumplido dicha obligación. 3) Que Chile debe cumplir dicha obligación de buena fe, pronta y formalmente, en un plazo razonable y de manera efectiva, a fin de otorgar a Bolivia una salida plenamente soberana al océano Pacífico.

El fallo de la CIJ de La Haya, en Holanda, dice que Chile no está obligado a negociar la salida soberana al océano Pacífico que pide Bolivia, por tanto, en ese país pueden decidir cerrar este tema argumentando que todo ya se acordó con los tratados firmados después de la Guerra del Pacífico.

Otra derrota del gobierno de Evo Morales ocurrió cuando Chile llevó en 2016 a Bolivia ante la CIJ, pidiendo que declare el Silala como «curso de agua internacional» y se le otorgue igualdad de derechos para el uso de sus aguas. Debido al fallo internacional contrario a Bolivia, se debe iniciar proceso para sancionar a Morales, por traición a la Patria.

Bolivia sin el Litoral tiene millonarias pérdidas, por tener que utilizar los puertos chilenos para exportar o importar productos desde otras regiones del mundo, considerando que el 75% de su carga utiliza las instalaciones de Chile, en los puertos de Arica, Antofagasta e Iquique. También hay sobrecostos logísticos, para el traslado de la carga, almacenamiento, pago de seguros, estadía de los vehículos, consumo en el lugar, burocracia en puertos chilenos.

El enclaustramiento impone a Bolivia múltiples efectos, como que el costo de transporte de nuestros productos se encarezca más del 30%, al no poder utilizar los puertos chilenos por más de 60 días de paros acumulados en los 5 últimos años. Supone una pérdida de $us.300 millones y unos 1.000 millones del 2% del PIB por no tener una salida soberana al mar.

Nuevamente nuestro nulo desarrollo industrial en pleno Siglo XXI nos hace depender de la extracción del litio, que es nuestra única salida para no ingresar en la catástrofe económica. Por ello el Comité Cívico de Potosí (COMCIPO) realizó diferentes paros, para que sea transparente el contrato firmado con una empresa china, porque se trata de recursos naturales de las y los bolivianos.

ANGÉLICA SILES PARRADO

Abogada, ex Asambleísta Constituyente de Bolivia

*NdE: Los textos reproducidos en este espacio de opinión son de absoluta responsabilidad de sus autores y no comprometen la línea editorial Liberal y Conservadora de VISOR21