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El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) tiene la oportunidad de dar un primer paso para reconducir el estado constitucional en Bolivia y con ello aportar a la pacificación del país, anulando la sentencia constitucional 084/2017 de la re-reelección, expresó el diputado Marcelo Pedrazas, quien logró avanzar una Acción Popular ante esa instancia en Sucre.
“El quiebre del orden constitucional se dio con la sentencia de la re-reelección que favoreció a Evo Morales y que provocó un daño colectivo a los derechos políticos y civiles de todos los bolivianos”, expresó el legislador.
La convulsión, el permanente estado de convulsión social y las muertes registradas en los últimos años tienen origen en el intento de perpetuación que ejecutó el expresidente Evo Morales y la cúpula del Movimiento Al Socialismo (MAS), con las acciones desarrolladas para modificar el artículo 168 de la Constitución Política del Estado (CPE) que establece un límite a la reelección presidencial.
Pese al resultado del referendo constitucional del 21 de febrero de 2016, Morales y el MAS apelaron al TCP para que resuelvan una acción de inconstitucionalidad abstracta que declare como “preferentes” los derechos políticos de Morales Ayma, como candidato, por encima de la CPE, con base en la aplicación del Pacto de San José de Costa Rica y su artículo 23.
Los magistrados que avalaron la candidatura de Morales para las elecciones de octubre de 2019 fueron Mirtha Camacho, Ruddy Flores, Neldy Andrade, Macario Lahor Cortez, Oswaldo Valencia y Zenón Bacarreza.
Tras cumplir su mandato de seis años, esos magistrados pasaron a formar parte de cargos públicos vinculados al partido de Gobierno.
El legislador por Chuquisaca activó una Acción Popular para que esa instancia anule la sentencia que favoreció la repostulación del jefe del MAS y una nueva candidatura ilegal e inconstitucional en 2019, con el añadido del mecanismo de opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte- IDH) que declaró que la reelección indefinida no es un derecho humano, como habían argumentado los entonces magistrados del TCP en la SC 084/2017.
En ese sentido, este 24 de enero se desarrollará una audiencia para definir el caso, luego de que la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Chuquisaca, con la firma de los vocales Juan Carlos Mendoza y Jaime René Conde, declarara la “improcedencia” de la Acción Popular presentada por Pedrazas en marzo de 2022.
En una nota del 30 de noviembre, la Comisión de Admisión del TCP resolvió devolver la Acción Popular a dicha sala del TDJ y exhortó a esa instancia judicial a que en futuras actuaciones “observen el trámite pertinente de las acciones tutelares puestas a su conocimiento”.
//FUENTE: PRENSA DIPUTADOS//
