VOA NOTICIAS.- Organizaciones de prensa, derechos humanos y periodistas de América Latina rechazan la reciente adjudicación de las instalaciones del diario venezolano El Nacional, por parte de la justicia venezolana, al diputado y primer vicepresidente del partido de gobierno, Diosdado Cabello, como parte de hechos que catalogan de “graves” y “preocupantes”.
Entrevistados admitieron que la medida se veía venir, argumentando que la justicia venezolana ha trabajado a su antojo para entorpecer el trabajo de la prensa en el país.
Carlos Jornet, presidente Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), dijo a Voz de América que la justicia venezolana “se ha encolumnado detrás del régimen y acompaña todas las decisiones que este adopta”.
“Hace mucho tiempo que lo venimos advirtiendo. El chavismo… lo que ha pretendido es ahogar a la prensa independiente, ahogar toda crítica, toda posibilidad de control ciudadano, a partir de los medios de comunicación para, a partir también de ahí, poder perseguir a la oposición e instaurar este régimen autoritario”, indica el vocero de la SIP.
Con esta idea coincide Tamara Taraciuk Broner, directora interina para las Américas de Human Rights Watch. “Diosdado Cabello ha usado la justicia en Venezuela a su antojo para ir en contra de la libertad de expresión y la libertad de prensa en Venezuela”, dijo en entrevista con VOA.
Natalie Southwick, coordinadora del programa de Centroamérica y Sudamérica del Comité para la Protección de los Periodistas CPJ, explicó -vía correo electrónico a VOA– que la decisión de entregar el control de la sede de El Nacional a Cabello es “como un premio en su demanda por difamación contra el medio, es otro paso hacia el cierre del ya restringido espacio mediático de Venezuela y envía un mensaje escalofriante a los periodistas de investigación de todo el país”.
Para Southwick, el primer vicepresidente venezolano “ha sido implacable en sus intentos de silenciar a varios medios, incluido El Nacional, en represalia por sus informes sobre él” y expresa su preocupación de que “haya podido explotar con tanta eficacia el sistema judicial del país para llevar a cabo un vendetta contra medios críticos, e igualmente preocupante de que los tribunales estén permitiendo que esto suceda”, añadió.
La sede del diario ya había sido embargada en mayo del año pasado, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia le ordenara pagar unos 13 millones de dólares en reparación al propio Cabello.
Fidel Cano, director del diario El Espectador, el más antiguo en Colombia, afirmó en declaraciones a VOA que es una noticia que reciben “con muchísima preocupación” y enfatizó en “es un ataque a la libertad de prensa muy grave que se sigue consumando”.
Este ataque, para la directora de HRW, merece la “máxima condena”.
