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La exalcaldesa Angélica Sosa, detenida desde 2021 tras ser acusada de corrupción, enfrenta un cuadro de neumonía en grado uno por coronavirus y por esta razón fue trasladada a una de las carpas de aislamiento del Hospital Obrero.
Sosa se descompensó el viernes durante una audiencia en la que el juez anticorrupción Primo Flores ordenó la confiscación de sus bienes por el caso Prestín. En un primer momento, fue enviada al Hospital San Juan de Dios, pero allí se le detectó la neumonía.
“Tiene covid, una hipertensión agresiva y una neumonía nivel uno. Se le han hecho las tomografías y presenta una mancha en uno de los pulmones. Ella no se fue a Estados Unidos a hacerse curar una caracha”, informó su abogado Jorge Rivero.
El jurista remitió ayer un memorial a la Fiscalía para que el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) haga las valoraciones correspondientes y se corrobore la gravedad del cuadro de salud de la exalcaldesa.
Rivero cuestionó la determinación del juez Flores porque aseguró que Sosa ni su fallecido esposo, Sergio Perovic, fueron imputados por el ‘Prestín’, un caso relacionado con una supuesta red de funcionarios ediles que se beneficiaron con préstamos de fondos públicos.
En este escenario, Santa Cruz Para Todos (SPT), la organización política de Angélica Sosa, reapareció con un pronunciamiento en el que denuncia “abusos” que pudo cometer Flores durante la audiencia del viernes.
“Hemos sido hasta hoy respetuosos de las autoridades de la justicia en los casos que se investigan de la gestión anterior del municipio”, señala el documento en el que anuncian un giro en el curso de sus próximas acciones.
SPT recordó que “se cumplieron nueve meses de abusos” en los que sus oficinas fueron precintadas y que en este tiempo no han ejecutado “ningún instrumento legal para no politizar los procesos”.
“Ahora consideramos que no puede confundirse nuestro silencio y por eso hoy hemos dispuesto la reorganización de nuestros cuadros políticos en el departamento, distritos y barrios, para asumir la defensa de estas agresiones en el campo político y legal”, señala.
Además, indican que “no aceptarán más abusos de parte del Ministerio Público y del Poder Justicia” y, en ese marco, se solidarizaron en favor de la recuperación de Sosa.
El comunicado de SPT también acusa al juez Flores de “agredir verbalmente” a Sosa en la audiencia en la que se ordenó la confiscación de sus bienes y anticipó acciones legales de amparo, incluso en el ámbito internacional.
La exautoridad fue enviada a Palmasola el 21 de diciembre de 2021 por el caso “ítems fantasmas”, pero se fueron sumando otros casos en su contra, incluido el caso Prestín.
Fue investigada por presuntas irregularidades en la construcción de la infraestructura para el Bus Rápido de Transporte (BRT) y la compra con supuesto sobreprecio de un terreno para el vertedero municipal.
La justicia le concedió el pasado 6 de octubre un arresto domiciliario en el caso “ítems fantasmas” y se ordenó su liberación. Sin embargo, la exalcaldesa no pudo salir de la cárcel debido a que también tiene detención preventiva, pero con plazos vencidos, en el caso de los 1.205 contratos irregulares.
Por este proceso tiene una audiencia el martes 11 de octubre. Ese día buscará también su liberación, pero ahora el caso Prestín le complicó su futuro legal. Su abogado, insistió ayer en que no había imputación y menos para su esposo, quien falleció hace tres meses.
El juez Flores ni ninguna autoridad judicial se pronunciaron por las denuncias. Tampoco lo hizo ningún vocero de la administración de Jhonny Fernández, actual alcalde de Santa Cruz, que activó estos procesos legales para el esclarecimiento de los casos de corrupción.
//FUENTE: EL DEBER//
