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Cinco zonas –de 10– donde se pueden construir edificios de 30 a 40 pisos bajo el amparo de la Ordenanza Municipal 046/2022 de “Ajuste Normativo de Actualización por Crecimiento y Densificación para la Administración Territorial” se encuentran en riesgo alto y moderado, informó la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).
Las zonas son: la “macrozona Llojeta”, Gramadal, la plaza Uyuni y mercado Yungas Costanera y avenida Muñoz Reyes, Irpavi y Achumani y el ingreso a Mallasilla.
“Al menos la mitad donde la ordenanza pretende levantar edificios sin restricciones están en áreas de riesgo alto y moderado, nuestros técnicos advierten que, si sobrecargamos un área de riesgo, lo más probable es que haya un megadeslizamiento de gran magnitud”, señaló esta mañana en conferencia de prensa, Oscar Heredia, rector de la UMSA.
El 9 de septiembre de este año, el Concejo Municipal –cuatro del partido de Arias y uno del MAS– aprobó esta norma. Esta ordenanza modifica los indicadores de edificación, establecidos en la LUSU, en 10 puntos de la ciudad: alrededores de la plaza Villarroel; Obrajes; la “macrozona Llojeta”, Calacoto y San Miguel; Achumani; Costanera y la avenida Muñoz Reyes; la plaza Uyuni y el mercado Yungas; Irpavi y Achumani; La Florida y El Gramadal y el ingreso a Mallasilla.
La 046 fue promulgada cerca del mediodía del 7 de diciembre por los concejales Oscar Sogliano, Lucía Mamani –quien fue la proyectista de la misma- Lourdes Chambilla, y Lucio Quispe, todos de Por El Bien Común Somos Pueblo y que representan la bancada mayoritaria. Los apoyaron Javier Escalier y Pierre Chain, del MAS.
Justamente fue Escalier quien firmó su aprobación, en ausencia de la presidenta Yelka Maric, quien se opuso a esta normativa.
La Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB), la Cámara de Constructores de Bolivia (Caboco), la Asociación de Boliviana de Ingeniería Geotécnica, el Colegio de Ingenieros civiles de Bolivia y Amigos de la Ciudad, lamentaron la promulgación y que no los hayan escuchado, pese a la insistencia de los riesgos.
“Solicitamos la renuncia de esos concejales de Lucio Quispe que dio quorum para la promulgación (de la ordenanza) y Javier Escalier que firmó la normativa. Le dieron la espalda a la ciudad. Tengo varias notas, (de) juntas vecinales, asociaciones comunitarias, organismos de control social y participación ciudadana (que están en contra de la misma)”, manifestó Yelka Maric, presidenta del Concejo.
Por su parte, el alcalde, Iván Arias aseguró esta mañana que esta ordenanza “no será aplicada” y que iniciarán una demanda ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), además de realizar otras acciones legales a través organizaciones sociales y entidades colegiadas.
“Lo que vamos hacer es una demanda ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, una acción popular que se va presentar por parte de las juntas vecinales, también tengo entendido con los colegios de arquitectos y de ingenieros; o sea la sociedad civil se va manifestar”, afirmó el burgomaestre a Fides. A lo que Maric aseguró que “serán sigilosos vigilantes de los pasos del alcalde”.
Arias anunció además que convocará a la Asamblea de la Paceñidad después de consultar a los vecinos de los diferentes macrodistritos de la ciudad de La Paz.
410 lotes.
Luis Bustillo, presidente de Caboco señaló que esta ordenanza solo beneficiará a 410 lotes que tienen diferentes características y están ubicadas justamente en estas 10 zonas. Donde se quiere construir irrestrictamente.
“Tienen una gama de características, pequeños, grandes, ubicadas en estas 10 zonas y muchas de ellas no cumplen estas cartillas. Siempre tienen una letra menuda que ayuda a que se materialice”, afirmó a ANF Bustillo.
“Manifestamos nuestra profunda preocupación. En su oportunidad se envió notas al alcalde y a la presidenta del Concejo Municipal advirtiendo que la construcción de altas construcciones conlleva a un riesgo a la vida de las personas que habitan en dichos sectores, la institución colegiada se exime de toda responsabilidad.” dijo Víctor Bermejo, presidente de la Asociación Boliviana de Ingeniería Geotécnica.
“Nunca nos han convocado pese a que contamos con especialistas. Nuestros geólogos afirman que un 70% de la mancha urbana de La Paz no es pata para edificaciones, salvo que hagamos trabajos de rehabilitación”, prosiguió el rector.
A la pregunta de cuántas y cuáles son las empresas que tienen intereses en ejecutar estas construcciones irrestrictas, Maric dijo que esa respuesta la debe dar la Secretaria de Planificación del GAMLP, María del Carmen Rocabado.
En una entrevista anterior y sobre construcciones ilegales, Rocabado dijo a la ANF que no puede referirse a empresas particulares y que se debe consultar a la Dirección Jurídica de la Alcaldía. El asesor jurídico, José Gonzáles prefirió no responder al respecto.
//FUENTE: ANF//
