ANDRÉS GÓMEZ VELA
Hace meses, en un curso de formación de periodistas pregunté a los asistentes.
—¿Cuál es la misión del periodismo?
—Buscar la verdad—respondieron los asistentes casi en coro.
—¿Y la verdad está en los ministerios, viceministerios y palacios?—volví a interrogar.
—No—contestaron al unísono.
—Entonces, ¿por qué van a buscar información en lugares donde no está la verdad?—hice una pregunta conclusiva y el auditorio respondió con un silencio reflexivo y culpable.
Después de unos cinco minutos, una periodista contestó que van a la caza de las mentiras de los gobernantes. ¿Y logran cazar algunas? A veces. Difícil cazar en ruedas de prensa convocadas para difundir una versión, no la verdad, sino una versión de un tema de interés de la fuente oficial.
Obvio, hay días en que una pregunta directa de un periodista bien informado puede lograr sacar de su libreto al emisor gobernante y correr una partecita de la cortina que esconde la verdad a pesar de la oficina de comunicación de la repartición gubernamental. Oficina que se ha convertido en un oxímoron porque bloquea los temas de interés común en lugar de ponerlos en común, y prioriza los de interés del partido o del gobierno. Su objetivo no es transmitir información, sino velar por la buena imagen del ministro de turno.
Nada sorprendente hasta esta parte porque ya los denominados gobiernos neoliberales habían cambiado sus oficinas de prensa por los departamentos de comunicación con el objetivo de evitar toda información perjudicial y difundir sólo temas favorables aparentes o falsos.
Tampoco sorprende el uso de los recursos públicos en propaganda porque los denominados gobiernos neoliberales ya lo habían hecho. Lo alarmante y disruptivo llegó cuando el MAS arribó a Palacio y años después contrató frontalmente a centenares de personas para mentirle a sus representados.
En un principio, el Movimiento al Socialismo (MAS) no necesitó pagar a gente para fabricar y diseminar mentiras porque los emisores (gobernantes) eran creíbles. Por ello, el partido ganó la elección de 2005 contra todos los medios de comunicación que no deseaban a un masista en la Presidencia.
En los siguientes cinco años, el partido mantuvo la confianza social. Prueba de ello, cada vez que los gobernantes se auto-identificaban como anti-imperialista la gente les creía, pese a que eran pro-imperios Ruso y Chino. También les tomó en serio cuando se presentaron como anticapitalistas pese a que en su práctica eran más capitalistas que la misma china comunista. En ese momento de alta confianza también les creyeron que eran de izquierda, aunque en sus hechos eran derechistas.
¿Desde cuándo necesitaron pagar a un grupo de funcionarios para diseminar mentiras? Desde que Evo Morales y Álvaro García perdieron el referendo por la reelección indefinida en 2016. Fueron derrotados por pocos puntos porque todavía eran creíbles pese a que habían mentido al decir que iban a respetar la Constitución que establece una sola reelección y que, por ello, no se iban a repostular en la siguiente elección.
Tras esa derrota electoral, el gobierno de entonces contrató gente para mentir a los electores y los llamó “guerreros digitales”. En lugar de desmontar a este grupo para “recuperar” en toda su dimensión la democracia, el presidente Luis Arce, que asumió el mando en 2020, los ratificó y amplió a los mentirosos al obligar a sus funcionarios a crear falsas corrientes de opinión.
Ningún gobierno de la era democrática, había constituido un equipo especializado para fabricar mentiras. Esta acción es peligrosamente antidemocrática por las siguientes razones:
· Evita que los ciudadanos puedan exigir rendición de cuentas, pues para vigilar a los gobernantes los ciudadanos requieren información, no mentiras.
· Malversa recursos públicos que debieron ser destinados a consolidar medios de comunicación públicos que fomentan el pluralismo, la diversidad y la vigorosa deliberación entre diferentes y adversarios políticos.
· Atenta contra el derecho a la información que faculta a los ciudadanos a conocer la verdad sobre las acciones de los gobiernos y contra el derecho a saber sobre el uso de los recursos públicos.
· Viola la libertad de expresión de los ciudadanos que piensan diferente.
· Viola el derecho a participar en las decisiones públicos e influir sobre temas de interés colectivo.
· Bloquea la transparencia y fomenta el secretismo de estado.
Los efectos de esta acción antidemocrática pueden ser muy lamentables para la sobrevivencia de la democracia porque un pueblo sin información es un pueblo sin armas para defenderse.
—Si la verdad no está en los ministerios, ¿dónde está?
—Afuera, en la vida, en las calles, en las plazas, en los barrios, en los bolsillos de la gente—dijeron.
—Entonces, ¿dónde deben estar con preferencia los periodistas?
ANDRÉS GÓMEZ VELA
Periodista y Abogado
*NdE: Los textos reproducidos en este espacio de opinión son de absoluta responsabilidad de sus autores y no comprometen la línea editorial Liberal y Conservadora de VISOR21
