Al menos nueve alcaldes son procesados, recientemente, por actos de corrupción, desfalco, abuso sexual y tráfico de combustible, entre otros delitos. Los burgomaestres de Potosí y Luribay ya fueron enviados a la cárcel, en cambio se paralizó un proceso contra el titular de Santa Cruz de la Sierra. Si se toma en cuenta los años de gestión de los actuales gobernantes, hay algunos con decenas de procesos.
Entre los varios casos ventilados recientemente contra los burgomaestres, en diferentes regiones, de acuerdo a un monitoreo de prensa, los alcaldes procesados son: Alfredo Apaza, de Mapiri; Mario Cáceres, de Luribay; Ana Lucía Reís, de Cobija; Jhonny Llally, de Potosí; Iván Arias, de La Paz; Jhonny Fernández, de Santa Cruz de la Sierra; Cristhian Cámara, de Trinidad; Manuel Condori Quispe, de Achocalla y Enrique Leaños de Sucre.
Cobija
En el caso de Reís, de acuerdo a los antecedentes, la Fiscalía emitió una orden de aprehensión en su contra, en relación a un proceso penal que se abrió, a denuncia de la exconcejal, Margarita da Silva de Puerta, que exige el pago de su bono de frontera que asciende a 137.225, bolivianos, cuya cancelación debió realizarse en la gestión pasada.
El director de Asuntos Jurídicos del Gobierno Municipal de Cobija, Pedro Melgar, además de expresar su respaldo a la gestión de Reís, confirmó que este es uno de los casi 200 procesos penales abiertos contra la titular de ese municipio, seguidos por exfuncionarios municipales de la Alcaldía de Cobija. Del total, en 12 se emitieron órdenes de aprehensión.
La Paz
Si bien no son tantos procesos como los de Reis, el alcalde paceño, Iván Arias, tienen varios procesos penales vigentes en su contra.
Entre ellos están los relacionados a nombramientos ilegales, presunta corrupción en la emisión de normas municipales, sobre las autorizaciones de construcción y recientemente se lo incluyó como sindicado en la investigación iniciada por la riada de afectó Bajo Llojeta y le costó la vida a una niña.
Achocalla
Sobre el deslizamiento en Bajo Llojeta, también fue procesado y enviado a la cárcel, Manuel Condori Quispe, alcalde del municipio de Achocalla.
La Fiscalía lo sindicó porque este autorizó, pero no fiscalizó, los movimientos de tierra a la empresa propietaria del cementerio Los Andes. Recientemente se le dictó detención domiciliaria.
Mapiri
Sobre Apaza, elegido por el MAS, el mismo fue aprehendido e imputado después que los vecinos de ese municipio detectaron que él, y otros funcionarios, usaban predios municipales y tanques de agua, en los cuales acumuló más de siete mil litros de diésel combustible.
Se sospecha que, aprovechando la falta de combustibles, revendía el mismo a 12 bolivianos el litro, cuando el precio oficial es de 3,72 bolivianos.
Luribay
En el caso de Luribay, el alcalde Mario Cáceres, también del MAS, quien ya lleva 10 días en el penal de Patacamaya, imputado por peculado y uso indebido de influencias, es procesado por un presunto desfalco de 180.000 bolivianos, que sacó de cuentas fiscales, para pagar una deuda personal y así lograr salir de la cárcel, en 2023.
“Esta persona (alcalde de Luribay, Alfredo Apaza) está en dependencias policiales. El delito por el cual se lo acusa es uso indebido de bienes del Estado y almacenaje de combustible”, informó el comandante departamental de la Policía de La Paz, Gunther Agudo, a tiempo de señalar que la autoridad debe esperar su audiencia de medidas cautelares.
Junto a él fueron denunciados otros tres funcionarios, a quienes se sindica de elaborar informes fraudulentos para justificar el retiro del dinero de cuentas fiscales, supuestamente para pagar servicios para la ejecución de obras.
Irupana
El alcalde del municipio yungueño de Irupana, Bernardo Mamani, es procesado por la Fiscalía, sindicado por peculado e incumplimiento de deberes, ante la desaparición de 1 millón de bolivianos de las arcas del municipio, dinero que era parte de lo recaudado en impuestos de los contribuyentes. El presunto desfalco data de la gestión 2021 a la 2023.
Mamani, es procesado junto con el jefe de la Unidad de Recaudaciones y Administración Tributaria, Franz Callizaya y el Director Administrativo Financiero, Eloy Cruz. Los datos revelan que los tres recibieron 163.750 bolivianos, de forma irregular, de los impuestos recaudados, según un registro de 45 recibos que presentó uno de los imputados.
Potosí
El 13 de febrero, un tribunal de sentencia determinó que el alcalde de Potosí, Jhonny Llally, sea remitido nuevamente a la cárcel de Cantumarca, para cumplir detención preventiva, debido a que vulneró las medidas sustitutivas con las que fue favorecido.
El exdirigente cívico y burgomaestre, es procesado por presunta agresión sexual contra una excompañera de partido. El mismo, ya estuvo recluido seis meses entre septiembre de 2023 y marzo 2024, cuando logró la detención domiciliaria. Luego, en abril de 2024, había retomado el cargo de alcalde.
Santa Cruz
En el caso del alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, el mismo fue denunciado por incumplir una sentencia constitucional relacionada con el mercado Mutualista, predio que está en disputa con la familia Crapuzzi. Sin embargo, dicha demanda fue paralizada por una segunda resolución constitucional.
El fallo establece que la sentencia constitucional queda en suspenso y no es aplicable, mientras no se resuelva un recurso de excepción pendiente. Vladimir Honor, abogado del alcalde, afirmó que el proceso penal fue iniciado “de manera arbitraria e ilegal” por el Ministerio Público. Aseguró que Fernández cumplió con la sentencia constitucional, pero que los demandantes no han presentado la documentación necesaria para completar el trámite.
Sucre
Por último, se conoce que, el 4 de febrero, el presidente del Concejo Municipal de Sucre, Rodolfo Avilés, presentó una demanda penal contra el alcalde, Enrique Leaños su exchofer por negociaciones incompatibles, incumplimiento de deberes y legitimación de ganancias ilícitas. La denuncia fue rechaza, debido a la supuesta falta de pruebas.
Avilés afirmó que, de acuerdo a la denuncia, el exchofer del alcalde, cobró hasta 48 millones de bolivianos por la adjudicación de empresas y realizar el negociado por orden de Leaños. Según Avilés, el Ministerio Público también rechazó otras denuncias de corrupción, pese a que presentaron documentos como prueba de los ilícitos.
- ///FUENTE: CARLOS QUISBERT EN VISIÓN 360///
