Recordemos que el año pasado la Unidad de Investigaciones Financieras (U.I.F.) publicó la R.A. Nº 58/24 que ordenaba el registro de personas naturales como Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), esta norma fue duramente criticada por la opinión pública en las redes sociales por su ambigüedad, improvisación y contradicción a tal punto que fue declarada suspendida mediante R.A. Nº 60/24; así, el miedo, la duda e incertidumbre provocaron que muchas personas que usan criptoactivos crean que en 30 días tenían la obligación de registrarse.
La U.I.F. está bajo la tuición del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la institución pertenece al órgano ejecutivo y aunque se autodenomine autónoma, sabemos que la persecución y lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (FT), es selectiva.
Pero los colegas abogados están contentos porque ahora se publicó la R.A. Nº 19/25 donde se “aclara” las anteriores normas, se establece que están obligados a registrarse las personas naturales y jurídicas que “desarrollan negocios y actividades comerciales con fines de lucro”.
Pero, la esencia misma de los criptoactivos es la persecución de afanes legítimos de lucro, se entiende que las personas naturales quieren ganancias y utilidades en la inversión, ¿Quién compra activos en cualquier mercado con la intención de perder?, es algo absurdo, además, las personas naturales que invierten tienen el interés legítimo de hacer negocios con sus activos, comprar barato y vender caro, sólo una mente infectada de socialismo pobrista no comprende esto y pide que el Estado tenga que obligar a obtener licencias, registros y permisos, cuando la realidad demuestra que los jóvenes están inmersos en las plataformas de intercambio “exchanges” para sacar utilidades de sus activos en el mercado de oferta y demanda, algunas veces como si fuera una apuesta, pero lo hacen de forma libre y voluntaria. Miles de bolivianos están en el comercio P2P como “librecambistas” estando en esa actividad comercial, rutinariamente, ahora, tendrán que registrarse en una institución que persigue delitos selectivamente, entregando sus datos a un organismo que no tienen responsabilidad sobre la mala administración de esa información.
Entiendo que existen delitos relacionados con los activos virtuales, como en cualquier espacio de las finanzas hay estafas, fraudes, esquemas Ponzi, “rug pull”, etc. Pero ingresar en el mercado no es un asunto de seguir las lecciones de un experto “trader rentable” que se dedica a vender cursos a incautos, para ingresar al mercado más salvaje de la historia se requiere no sólo aprender análisis técnico, fundamental u “on chain”, sino asumir la actividad bajo propio riesgo, por eso, ya se está comprendiendo que ser especulador de criptos no es aconsejable, sino más bien, acumular solamente Bitcoin como refugio valor del patrimonio, capital y ahorros en tiempo de crisis económica en escenarios de inflación y devaluación.
La visión de Satoshi Nakamoto fue la de eliminar al tercero intermediario en la transferencia de dinero entre Pedro y Juan, ese intermediario es el Estado y la banca institucional tradicional, instituciones como la U.I.F. y la GAFILAT también son parte de los terceros intermediarios que violan la libertad, soberanía, privacidad y anonimato, que son principios y valores de la filosofía de Bitcoin.
Chainalysis presentó un estudio el 2023 donde demuestra que sólo el 0,34% del volumen total de transacciones en cadena de los activos virtuales está destinado a la delincuencia. Entonces, es un mito que los delincuentes prefieren las criptos para blanquear activos, no son tontos, Blockchain permite rastrear las transferencias de forma perfecta e inmutable, logrando la trazabilidad de los movimientos, por eso, los criminales prefieren el efectivo y la banca tradicional.
Pero pedimos control y vigilancia en vez de ser libres y soberanos, permitimos la eliminación del Principio de presunción de inocencia por la persecución procesal penal, presunción de culpabilidad, donde tienes que demostrar que eres inocente y que obtuviste dinero de manera lícita en un país de informalidad mientras congelan tus cuentas hasta que no se “arregle” con fiscales y policías.
Los legalistas celebran las regulaciones pensando que viven en un Estado de Derecho, plantean un escenario europeo como la Ley MICA para una realidad casi haitiana, en fin, más normas e instituciones en el infierno fiscal y burocrático estatista.
- LUIS CHRISTIAN RIVAS SALAZAR
- Abogado y representante del Instituto Libertad, Capitalismo y Empresa – ILCE
- *NdE: Los textos reproducidos en este espacio de opinión son de absoluta responsabilidad de sus autores y no comprometen la línea editorial Liberal y Conservadora de VISOR21
