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Redacción VISOR21
Uno de los señalados como autor intelectual del montaje del caso “terrorismo” o caso Rózsa de 2009, Ramón Quintana, admitió que como parte del régimen de Evo Morales fueron parte del operativo que acabó con la vida de tres personas y dejó dos detenidos en el hotel Las Américas de la capital cruceña.
“La responsabilidad que tiene un gobernante es impedir que cualquier proyecto terrorista atente contra la seguridad del Estado y hemos hecho lo correcto contra esos terroristas y tenemos que buscar justicia internacional para capturar a esos terroristas, que hoy día están libres y están haciendo prácticas políticas con la complicidad del propio régimen de Luis Arce, que apoya a terroristas para atentar contra el compañero Evo”, dijo el furibundo exministro de la Presidencia.
A Quintana también se lo responsabiliza por haber ejecutado el plan de la “toma de Pando” en 2008, cuando se detuvo al prefecto Leopoldo Fernández y se lo responsabilizó por las muertes en la localidad de el Porvenir.
El brazo derecho de Morales Ayma defendió al jefe masista y dijo que las recientes denuncias en su contra por el caso del hotel Las Américas son un ataque del ala arcista en el gobierno.
Morales ya adelantó que no se presentará a ningún requerimiento de la Fiscalía aunque “lo metan preso”, pero recordó que el día del operativo quien estaba de presidente interino era Alvaro Garcia.
Empero, Morales reconoció que fue él quien dio la orden directa para intervenir en la capital cruceña.
El 17 de abril de 2009, Morales declaraba en Caracas, acompañado de los entonces dignatarios de Venezuela, Hugo Chávez y de Cuba, Raúl Castro, lo siguiente: “El día de ayer le di instrucciones precisas al vicepresidente de la República y a través del vicepresidente al comandante de la Policía Nacional, a hacer un operativo, a detener a estos mercenarios (…) Esta madrugada me informan que ha habido una balacera, un tiroteo de media hora en un hotel en la ciudad de Santa Cruz”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) agotó las instancias de conciliación entre el Estado Plurinacional y los denunciantes por las torturas y las ejecuciones sumarias identificadas en el operativo del 16 de abril de 2009.
Para el abogado Gary Prado, quien fue parte del proceso e hijo del general Gary Prado Salmón, uno de los 30 cruceños detenidos por este montaje judicial, se debe establecer la responsabilidad intelectual del operativo y no tratar de llevar a juicio a decenas de personas, pues eso solo facilitará la impunidad de quienes ejercieron el poder aquel año.
En tanto, el abogado Jorge Santiestevan identificó a Evo Morales, Alvaro y Raúl García Linera, Ramón Quintanta, Alfredo Rada y al exfiscal Marcelo Soza, como los principales responsables del operativo que terminó con la vida de Eduardo Rózsa, Árpad Magyarosy y Michael Dwyer.
En esa sangrienta jornada ejecutada por la UTARC, sobrevivieron Mario Tadic y Elod Toásó, ambos estuvieron 8 años en prisión y decidieron asumir proceso abreviado para salir en libertad y dejar Bolivia. Ya en Europa, ambos activaron la demanda ante la CIDH que identificó la figura de tortura y pidió al Estado Plurinacional a llegar a entendimientos con las víctimas.
Sin embargo, el Gobierno del MAS se rehusó a tratar el tema y ahora se pidió que la Fiscalía General active una investigación para establecer responsabilidades. El caso podrá llegar hasta la Corte Interamericana y aquello llevaría a los actuales funcionarios de gobierno a otro proceso como administradores del Estado.
Pese a los antecedentes, el procurador general del Estado, César Siles, dijo que si bien el caso “terrorismo” fue cerrado en 2019, cuando Jeanine Áñez entró al Gobierno, con las sentencias absolutorias para todos los detenidos, el proceso podría reabrirse para llegar a confirmar otras responsabilidades y establecer “la verdad histórica de los hechos”.
“Lamentablemente, vino el señor (Arturo) Murillo, que decide cerrar los casos y la Fiscalía lo acompaña. En esos casos de terrorismo los mismos peticionantes, el señor Tadic y Toásó se sometieron a procedimiento abreviado, aceptando su culpa y responsabilidad voluntariamente”, interpretó Siles que antes ya había alertado sobre el costo económico que implicaría resarcir a los denunciantes.
