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El exdirigente universitario, investigado por corrupción interna en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Max Mendoza, fue favorecido con un contrato de trabajo por parte del diputado de Comunidad Ciudadana, Ingvar Ellefsen.
Mendoza fue favorecido con libertad esta semana, en el caso de ejercicio ilegal de funciones en Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), y presentó documentación de trabajo y domicilio.
El abogado Víctor Hugo Chávez contó a Página Siete que Mendoza consiguió este beneficio el martes, cuando el juez Tercero Anticorrupción determinó cambiar su detención preventiva en la cárcel por la detención domiciliaria previo pago de una fianza de Bs 40.000. Indicó que obtuvo esa medida gracias a la presentación de varios documentos.
“Uno de ellos- y que llamó poderosamente la atención- es que hay una certificación otorgada por un diputado de Comunidad Ciudadana (Ingvar Ellefsen), quien había entregado a Mendoza un trabajo a futuro”, indicó.
Aseguró que ese trabajo fue otorgado en el Instituto Tecnológico de Maquinaria e Industria Tecmin-SRL, una empresa unipersonal que es del diputado de CC.
De acuerdo con el documento al que accedió este medio, dicho instituto está bajo la representación legal de Ellefsen y contrata los servicios de Mendoza “para que se desempeñe como responsable de redes sociales y diseño gráfico de material educativo”.
El contrato concluirá en dos años computables desde la firma de ese contrato, 12 de octubre de 2022; “empero el trabajador se presentará a trabajar cuando logre la modificación de la detención preventiva”.
Este medio llamó a Ellefsen para conocer su contraparte, pero no respondió su celular.
El 22 de mayo de 2022, Mendoza fue detenido luego de ser denunciado por cuatro delitos, pero sólo fue imputado por dos. Fue acusado de recibir un salario de 21.860 bolivianos durante cuatro años de parte del CEUB, pese a no cumplir los requisitos.
Según Chávez, para conseguir el arresto domiciliario, Mendoza presentó también documentos de propiedad de un departamento en la avenida Arce.
“Cuando se lo aprehendió, él señaló que vivía en Cochabamba, pero ahora tiene una propiedad en La Paz”, indicó.
Chávez recalcó que ahora se debe realizar otra investigación por ganancias ilícitas, porque “si él era un simple estudiante universitario y no percibía ingresos, cómo se explica que en 2019 adquirió ese departamento y hoy hace aparecer de su propiedad”.
“Eso significa que Mendoza está ocultando sobre las propiedades que tiene”, dijo.
Aseguró que otra de las irregularidades que se observó en la Resolución del juzgado se refiere a que Mendoza recibió una fianza de Bs 40 mil. “Sabiendo que él afectó a todo el sistema universitario”, dijo tras resaltar que ese monto está por debajo de los 60 mil bolivianos que se otorgó a otro dirigente dinosaurio, Álvaro Quelali, que afectó sólo a la UMSA.
Chávez recordó que en la audiencia de Mendoza, la abogada de la UMSA hizo conocer “ese improperio”, pero el juez dijo que eran casos distintos.
Ante ello, Chávez resaltó que tanto él como la UMSA apelaron la decisión del juez y fue aceptada. “Ahora estamos esperando la hora de la audiencia”, dijo y lamentó que el CEUB, que es la víctima, no haya realizado la apelación.
“Lo que estamos viendo es que en un par de semanas quedaron libres dos personas que hicieron daño al sistema universitario”, dijo Chávez.
//FUENTE: PAGINA SIETE//
