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“Hoy la Vicepresidencia del Estado Plurinacional nos notificó con un memorial que busca derogar la ley 208 que crea la UCPN Urubó Güendá, donde se encuentran nuestros acuíferos, de donde sale el agua de 2.5 millones de personas”, denunció Zvonko Matkovic, presidente de la Asamblea Legislativa Departamental.
A través de sus redes sociales denunció que analizarán el documento y que responderán cuanto antes “en defensa de nuestros recursos naturales y el agua de todos los cruceños”.
El oficio, que está dirigido tanto a Matkovic como al resto de los asambleístas cruceños refiere: “Derogación por incompetencia de la Ley Departamental N°208, del 10 de marzo de 2011”.
La preservación de la Unidad de Conservación de Patrimonio Natural (UCPN) Güendá – Urubó ha sido la prioridad de la Gobernación, en la construcción de la Vía Las Cruces – Buena Vista. Aduce que la zona contiene la reserva de agua que abastece a la zona metropolitana.
Sin embargo, el Gobierno nacional ha negado esta situación en reiteradas oportunidades y ha cuestionado la clasificación del lugar como UCPN.
De su lado, la diputada María René Álvarez alertó que los acuíferos de recarga hídrica de Santa Cruz volverán a estar en riesgo desde la próxima semana. Señaló que se acerca el término del plazo para contratar los estudios internacionales que evalúen la factibilidad del proyecto carretero Las Cruces – Buena Vista – La Guardia.
El pasado 19 de septiembre, el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, en reunión con pobladores de la zona, acordó un cuarto intermedio para que -en tres meses, que concluyen el martes 19- se contratara a una entidad encargada de realizar un estudio técnico sobre ese proyecto vial.
Álvarez cuestionó que se “pretenda elaborar un nuevo informe cuando ya existen estudios realizados por profesionales de Santa Cruz, que confirman la situación de vulnerabilidad ambiental dentro de la UCPN Güendá- Urubó y los reservorios de agua destinados a abastecer al área metropolitana cruceña”.
Señaló que informes adicionales deben ser complementarios y deben partir de la preservación ambiental de los tramos 2 y 3 del proyecto carretero.
Así, mediante una minuta de comunicación -enviada a través de la comisión correspondiente de la Cámara de Diputados- pidió a la Gobernación cruceña que haga “prevalecer Ley Departamental N° 208 del 20/03/2021, relativa a la creación de La Unidad de Conservación del Patrimonio Natural Protegido Departamental Güendá Urubó, así como los estudios de relevamiento técnico específicos, acerca de la existencia de sistemas hidrológicos de recarga de los acuíferos subterráneos y su capacidad de suministro de agua al área metropolitana que sustentaron la constitución de la ley departamental referida”.
La diputada, en el documento, recuerda que deben priorizarse los derechos fundamentales y al acceso de los recursos hídricos para el beneficio de la población cruceña.
Entre tanto, la activista por el medioambiente Daniela Justiniano indicó que el jueves presentaron una carta a la Gobernación cruceña y que este viernes enviarán otra a la CAF dada las aseveraciones del ministro Montaño – que cuestionó- que buscan negar la existencia de los acuíferos.
“Explícitamente, ante la prensa, él dijo que los supuestos estudios serán para decir ‘si hay o no acuíferos’. Esas declaraciones desconocen los estudios ya realizados y validados por el Ministerio de Medioambiente y Agua publicados en el 2019, que fueron realizados entre los años 2014 y 2018, donde Periagua/GIZ, Programa de la cooperación alemana en conjunto con el Gobierno boliviano, apoyó a la realización de 12 campañas sobre toma de muestras de agua”, explicó.
Justiniano se refiere a una cartilla publicada por ese ministerio y la Gobernación cruceña en 2019, denominada Identificando la disponibilidad del agua subterránea en Santa Cruz y Tarija, que reconoce la existencia del agua subterránea en diversas zonas del departamento que fueron estudiadas, y que van de La Angostura a Montero, y desde la zona del Urubó hasta el río Grande.
//FUENTE: EL DEBER//
