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Unas cien personas llegaron este viernes hasta la sede histórica de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) con la excusa de recibir información, para luego proceder a tomar esas instalaciones en la céntrica Av. 6 de Agosto de La Paz.
“Se les estaba explicando cómo se tiene que atender el caso y se metieron por la fuerza. Y nos han desalojado, dejando nuestras cosas, medicamentos, celulares… y han cerrado la Asamblea”, contó una de las cinco personas que se encontraban en el lugar.
Al mediodía, la presidenta de la APDHB, Amparo Carvajal, llegó hasta las puertas de sus oficinas, acompañada por otros activistas y algunos parlamentarios.
Carvajal indicó que esta toma es un “atentado”, y expresó que tiene una cita con Impuestos Internos, por lo que dice: “Claro, hoy, ellos han decidido: ‘nos adelantaremos a tomarlo’, porque estoy en ese proceso”, en referencia a un problema con esa institución, que le quitó la representación legal en agosto de 2022.
Otra de las observaciones que el Gobierno hizo a Carvajal, según señaló, es que no tiene la ciudadanía boliviana, por lo que estuvo en el Segip, donde realizó algunos trámites.
La presidenta de la APDHB señaló a los medios de comunicación paceños que estuvo con un jefe policial, que buscó retenerla para que no llegara a las oficinas de la Asamblea, pero que ella decidió irse. Afirmó que tiene las llaves de las oficinas, y el compromiso de la Policía de que se presentará en el lugar.
“Rechazamos el asalto de grupos de choque masista a la sede de la APDHB, lo que evidencia un nuevo intento del MAS para apoderarse de las entidades de la sociedad que denuncian las graves violaciones a los derechos ciudadanos en Bolivia, por parte del gobierno”, escribió en su cuenta de Twitter el expresidente Carlos Mesa, sobre esta toma.
Por su parte, Waldo Albarracín, en su cuenta en Twitter escribió: “Como en las peores dictaduras militares, la Asamblea de Derechos Humanos acaba de sufrir un atropello. El gobierno de Luis Arce allanó sus oficinas y las tomó por la fuerza mediante sus grupos de choque. Es un fiel testimonio de que vivimos bajo un régimen de facto. No es justo”.
“Es una oficina que brinda un servicio público a todas las personas que necesitan protección a los derechos humanos. Y, no puede ser posible que, en contubernio, personas del Movimiento Al Socialismo junto a personas del Ministerio de Gobierno, con resguardo policial, hayan entrado con violencia, con engaños, a esta casa, amenazando y amedrentando a una persona mayor de edad, que está protegida por la Constitución Política del Estado y por las leyes”, dijo la diputada Luciana Campero.
Armando Camacho, asistente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, identificó a Édgar Salazar como la persona que dijo ser el presidente de la Asamblea y quien, supuestamente, estaba allí para tomar posesión de las oficinas, la mañana de este viernes. Camacho indicó que pidió documentación que certificara lo que Salazar indicaba, pero que no obtuvo respuesta.
//@VISOR21/ EL DEBER//
