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Litigantes y abogados de La Paz denunciaron que el Consejo de la Magistratura protege “por intereses políticos” al juez Primero Anticorrupción y lucha contra la violencia, Helmer Laura Picavia, pese a que el funcionario tiene un “historial de 26 denuncias” que figuran en los registros de la Fiscalía de La Paz. Una de ellas es por una agresión sexual.
“Pedimos que se realice una auditoría a todos los casos que tiene a su cargo este señor Laura, que pese a ese historial de denuncias por corrupción fue designado como juez anticorrupción por el Consejo de la Magistratura. Hemos denunciado que libera a delincuentes en audiencias llenas de irregularidades, pero no recibimos atención, lo único que nos queda es hacerlo público por los medios de comunicación”, afirmó una abogada que pide reserva de su identidad y del caso que patrocina.
En otro caso, una procesada que también pide no revelar su nombre, relató que está detenida por un mal procedimiento de la Fiscalía y que pese a haber presentado varios descargos y las garantías de que no se daría a la fuga, el juez Laura no da lugar a la cesación de su encarcelamiento. La afectada es una de las imputadas dentro del caso del juez Rafael Alcón, procesado por dejar en libertad al asesino y violador serial Richard Choque.
Página Siete consultó al juez Laura sobre las denuncias que se mencionan en su contra. Por mensajes de texto, aseguró que desde que está en el cargo de juez no se presentaron denuncias en su contra, ni en la Fiscalía y menos en la instancia disciplinaria. Remarcó que “todas están cerradas o desestimadas”.
No hizo referencia a la denuncia de agresión sexual, pero solicitó que la información que se brinde sea objetiva.
La mujer lamentó que toda su carrera se vio truncada por ser señalada como cómplice de esa liberación, pero que lo más lamentable fue la desintegración de su familia, por lo que se animó a dar su versión para esta nota. Sostuvo que seguirá con otra denuncia contra los fiscales que la involucraron y ahora fueron destituidos por otros casos de corrupción.
Este medio verificó, en el caso de Alcón, el juez Laura sí concedió la salida de la cárcel de otra de las principales sindicadas, una abogada que generó todo el mecanismo de corrupción que permitió la libertad de Choque, por medio de certificados médicos y otros documentos fraguados “a cambio de 3.500 dólares y una botella de whisky”.
Los denunciantes aseguran que Laura “tiene protección política” debido a que tiene varios casos en los que se manejan intereses del actual Gobierno, como el caso Golpe I, en el que se procesa a la expresidenta Jeanine Añez y al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.
Asimismo, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, señaló hace una semana que el juez Laura fue responsable de la salida de la cárcel del capitán Javier Alberti, un policía con otro historial de denuncias por narcotráfico, extorsión y robo agravado.
Otro grupo de denunciantes con los que este medio tuvo contacto, sospecha de un tipo de protección “menos político”, pues según los datos que la Fiscalía les proporcionó, Laura fue funcionario del Ministerio de Educación, durante la gestión de Víctor Hugo Cárdenas, en 2020. Lo señalan como responsable de un presunto encubrimiento al accidente que el hijo del exministro protagonizó con un vehículo oficial y que no fue sancionado por el ese caso.
Asimismo, legisladores de oposición, como Erwin Bazán y Erik Morón, anteriormente ya habían exigido que se investigue los antecedentes de Laura, por supuestamente haber favorecido de forma ilegal al Gobierno y dar lugar a procesos contra los mismos, como se dio en el caso de una entidad bancaria.
En octubre de 2021, Morón señaló que la Magistratura había admitido la denuncia contra el juez Laura y esperaba que el mismo sea destituido del cargo.
Historial desde fiscal
“Solo hace falta consultar en la Fiscalía y verificarán que este señor tiene 26 denuncias, por consorcio, uso indebido de influencias, extorsión, cohecho y hasta por violación. No lo decimos nosotros, está en los registros, investiguen, esa es información que la conocen las autoridades que lo protegen”, pidió otro abogado.
La misma fuente sostiene que su cliente, otro procesado y detenido en el penal de San Pedro, no puede recuperar su libertad porque el juez Laura suspende constantemente sus audiencias, pero al igual que en el caso de Alcón, también dejó en libertad a otros procesados que tienen más responsabilidad en una demanda de presunto desfalco. “Ese es el modo de operar, meten a la cárcel a la gente, aunque sean inocentes y luego les cobran por darles libertad, es un consorcio de abogados conocidos”, señaló el jurista.
En efecto, el historial de la Fiscalía registra que Laura tiene denuncias desde 2014, entre los archivos digitales también figuran las denuncias que se presentaron en su contra, cuando ejercía el cargo de fiscal, involucrado en las denuncias de montajes de casos cometidos por el exfiscal Humberto Quispe, quien sí fue condenado por esos hechos.
//FUENTE: PÁGINA SIETE//
