Los pobladores de la comunidad agraria de San Juan de Liquinas del municipio de Cliza denunciaron ayer que presuntos loteadores invadieron 98 hectáreas de tierras de pastoreo y colectivas, pese a que hace 10 años se inició el trámite para sanear los predios ante el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).
Además, los comunarios alertaron que los avasalladores estarían ofertando 1.000 lotes de 300 metros cuadrados, pese a que el INRA determinó medidas precautorias en el área.
Las tierras que se encuentran en la mira cuentan con títulos otorgados por el Consejo Nacional de Reforma Agraria de 1956, de acuerdo con los expedientes agrarios 9096, 4273 y 4269.
Sin embargo, según el testimonio de comunarios, en 2010 apareció Jorge C. Q., con documentación anulada por la reforma agraria, para lograr acuerdos con exautoridades del Movimiento Al Socialismo (MAS) con la condición de ceder el 70 por ciento de las tierras a favor de la Alcaldía de Cliza y el 30 por ciento a favor de una familia.
“Bajo estas condiciones es que se logra la aprobación de un plano de loteamiento con Resolución Técnica Administrativa 346/2012, que autoriza el fraccionamiento de 33 hectáreas, eso no correspondía porque las tierras están en área rural”, contó una comunaria.
En un visita a la zona, este medio constató que algunos comunarios continúan usando las tierras para que vacas y ovejas se alimenten con vegetación nativa.
La disputa también afecta a pobladores de Lomas de Liquinas, otra comunidad colindante. Un representante de ese sector mencionó que entre 2012 a 2015 los loteadores intentaron vender los predios a mineros jubilados, por lo que con apoyo de comunidades vecinas se los retiró.
Otra irregularidad que detectaron los afectados es que pese a que los terrenos están en área rural se inició una demanda para adquirir la posesión ante un juez que terminó fallando a favor de uno de los presuntos loteadores.
Ante la falta de respuestas del INRA, los pobladores acudieron a la Brigada Parlamentaria de Cochabamba y esperan en 10 días concretar una audiencia con legisladores, caso contrario anunciaron que bloquearán la carretera troncal al valle alto y asumirán otras medidas de presión.
El conflicto afecta a 76 familias, quienes tuvieron que acudir al Comité de Defensa de Tierras Agrícolas, del Agua y de la Madre Tierra (Codetamt) para defender los predios porque incluso sus dirigentes fueron enviados a la cárcel.
//FUENTE: LOS TIEMPOS//
