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ANGÉLICA SILES
La Constitución Política del Estado, manda en el Art.196.II que “En su función interpretativa, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) aplicará como criterio de interpretación, con preferencia, la voluntad del constituyente, de acuerdo con sus documentos, actas y resoluciones, así como el tenor literal del texto”. Lamentablemente, los magistrados usurpadores, están asumiendo acciones que van contra la Norma Suprema porque se dan a la tarea de CHANTAJEAR al primer órgano y pretenden legitimar su ilegal ejercicio con amenazas, ya que ordenaron una medida cautelar para frenar el tratamiento del proyecto de Ley 144 de Elecciones Judiciales en la Asamblea Legislativa, hasta que no se cumpla la Declaración Constitucional 049/2023, que establece la prórroga de sus mandatos hasta que se tenga a nuevas autoridades.
La queja fue activada por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Marco Ernesto Jaimes, que envió un memorial haciendo notar que el Legislativo, nuevamente, está incurriendo en actos de inconstitucionalidad, observados en la Declaración 049 de diciembre de 2023, que les permite AUTO PRORROGARSE indefinidamente, violando la Norma Suprema.
La Comisión de Admisión del TCP, de los usurpadores Gonzalo Hurtado y Petronilo Flores, en el auto firmado establece: “Ha lugar a la solicitud de medida cautelar impetrada por Marco Ernesto Jaimes, presidente del TSJ, disponiendo que la Asamblea Legislativa Plurinacional, con carácter previo a reasumir el tratamiento del proyecto de ley 144/2022-2023, necesariamente debe acatar la Declaración Constitucional 049, quedando vigente esta disposición hasta que la Sala Plena del TCP, resuelva la queja por incumplimiento formulada por el nombrado, el 24 de enero de 2024”.
Los miembros de la Comisión Bicameral Multipartidaria, lograron acuerdos en 11 artículos, por lo que el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, manifestó que quedaban pendientes: a) La votación por plancha y no individual de los candidatos para las elecciones judiciales. b) La auto prórroga relacionada con la ampliación de mandato de los magistrados del Órgano Judicial, ante la falta de elecciones de nuevas autoridades, tarea que corresponde al Legislativo.
Vocales del Tribunal Supremo Electoral manifestaron que «si hasta fines de julio no se logra concluir la elección judicial, ya no se podría hacer porque se necesita cuatro meses para las elecciones primarias hasta noviembre de este año y, si no lo hacemos este año, no la podemos hacer el 2025, porque se cruza con las elecciones nacionales».
Lamentablemente, estamos viviendo una dictadura acordada por los ministros con el TCP. En Bolivia gobierna el Tribunal Constitucional, en concomitancia con el usurpador presidente del TSJ, Marco Ernesto Jaimes. Por otro lado, Jerges Mercado, diputado del MAS, manifestó: «Nosotros queremos que se vea la meritocracia de cada uno de los postulantes, se los preseleccione, y los mejores hombres y mujeres, que vayan hacia adelante”. Esperemos que se cumpla con la meritocracia, la idoneidad y la capacidad de los postulantes.
Es obligación de senadores y diputados, cumplir con la Constitución Política, por formar parte del primer Órgano del Estado, y con el mandato constitucional en relación con sus competencias para elaboración y aprobación de leyes en beneficio del soberano. Que no se dejen AVASALLAR por los usurpadores del TCP que pretende gobernar Bolivia con chantaje. Como simples delincuentes, los magistrados auto prorrogados pretenden legitimarse y si logran su objetivo, entonces los asambleístas serán traidores a la Patria y cómplices de los que están actuando al margen de la Norma Suprema, por someterse a unos usurpadores que violan la CPE de manera permanente. Al mismo tiempo, deben iniciar procesos contra los prorrogistas que están usurpando funciones en desmedro del soberano.
